La iniciativa propone reducir el gasto estatal, devolver el IVA a millones de colombianos y promover inversión y empleo
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, con el que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, impulsar el crecimiento económico y promover la generación de empleo en Colombia.
El Ejecutivo sustenta la iniciativa en la necesidad de enfrentar el deterioro de las finanzas nacionales y evitar que la deuda pública continúe creciendo. Según la argumentación presentada por el Gobierno, actualmente uno de cada tres pesos que recauda la Nación se destina al pago de la deuda, mientras que hace diez años la proporción era de uno por cada seis pesos.
La propuesta también pretende mejorar los ingresos de 35 millones de colombianos de menores ingresos, promover la inversión privada y generar nuevas oportunidades laborales. Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno plantea una reducción del tamaño del Estado, una medida que representaría dos terceras partes del ajuste fiscal proyectado.
El proyecto considera que el crecimiento del gasto operativo estatal requiere intervenciones para disminuir las obligaciones presupuestales y mejorar la distribución de los recursos públicos.
Seis pilares estructuran la Ley de Rescate Económico
El primer pilar, considerado el más importante por el Gobierno, contempla la reducción de los gastos del Estado, especialmente los relacionados con el funcionamiento de la administración pública.
La propuesta busca intervenir los recursos distribuidos en aproximadamente 50 fondos especiales y más de 250 transferencias. También plantea disminuir los contratos de prestación de servicios, los gastos de personal, los subsidios mal dirigidos y fortalecer las fuentes de financiación del sistema de salud para reducir su dependencia de los aportes del presupuesto nacional.
Adicionalmente, el proyecto contempla la enajenación de activos estatales, entre ellos empresas, lotes y otros bienes.
El segundo pilar establece la creación de EfectIVA, un mecanismo tecnológico que busca garantizar que la carga definitiva del IVA recaiga sobre las personas con capacidad de pago.
Según las cifras presentadas por el Gobierno, cerca de 18,9 millones de personas que actualmente pagan un promedio de 138.000 pesos mensuales de IVA dejarían de asumir esa carga tributaria. Otros 16,3 millones de colombianos recibirían la devolución del 50 % de lo que pagan por este impuesto, dependiendo de su nivel de ingresos.
El tercer pilar busca impulsar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. Para ello, propone reducir la tarifa general del impuesto de renta corporativa, especialmente en beneficio de las micro y pequeñas empresas que declaran en el régimen ordinario.
También contempla medidas para proteger la industria nacional y permitir que las entidades territoriales financien mayores inversiones con recursos propios.
El cuarto pilar establece condiciones preferenciales, estabilidad jurídica y promoción de la inversión extranjera directa para atraer nuevos capitales al país.
El quinto contempla medidas para fortalecer la institucionalidad de la política fiscal, mientras que el sexto busca mejorar la capacidad de administración tributaria de la DIAN para combatir el contrabando y la evasión de impuestos.
Gobierno proyecta $50 billones de inversión y 600.000 empleos
Entre las metas económicas expuestas en el proyecto, el Gobierno Nacional plantea aumentar la inversión hasta alcanzar 50 billones de pesos anuales en 2030 y contribuir a la generación de 600.000 empleos durante ese mismo año.
La iniciativa también proyecta un PIB superior a 66 billones de pesos, de acuerdo con las cifras suministradas en la presentación del proyecto.
El Ejecutivo sostiene que la reducción del gasto público permitirá realizar dos terceras partes del ajuste fiscal y establecer condiciones para recuperar la estabilidad de las finanzas nacionales.
En ese sentido, la Ley de Rescate Económico pretende evitar un crecimiento insostenible de la deuda y establecer una trayectoria decreciente que permita reducirla progresivamente hasta niveles considerados prudentes.
El Gobierno señala que este propósito deberá consolidarse mediante la disciplina de la Regla Fiscal y las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
La iniciativa ahora deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, donde se debatirán las medidas propuestas para modificar el gasto estatal, los impuestos, la inversión y los mecanismos de financiación pública.
El Gobierno Nacional sostiene que un ajuste fiscal inferior al planteado no garantizaría una corrección ordenada de las finanzas públicas. El debate legislativo tendrá como eje la búsqueda de un equilibrio entre la reducción del endeudamiento, la recuperación de la inversión, la generación de empleo y el alivio tributario para los hogares de menores ingresos.
