Alí Bantú Ashanti Comisionado y director del Colectivo Justicia racial
A la 1:00 de la mañana del 15 de julio de 2023 en la Isla de Barú en Cartagena, dos policías requisan a un joven venezolano Carlos Gutiérrez, al que señalan de ser vendedor de drogas, le encuentran dos cigarrillos de marihuana, que él señala son para su uso personal.
Lo esposan, empujan y le llevan contra su voluntad. Aparece su jefe Joan Esteban Infante de 26 años, quien administra un bar local e intenta explicar la situación, mientras reclama a los policías su arbitrariedad, otras personas también protestan.
Sin embargo, uno de los policías desenfunda su arma, apunta contra Joan Esteban y le dispara en la ingle, minutos después está muerto.
Esta no es una simple “versión de los hechos”, es una descripción de lo ocurrido, que también fue grabada en video y que además respaldan múltiples pruebas, testimonios e informes forenses. El policía Yorman López Moreno decidió acogerse a un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de “homicidio agravado”, que le permitió reducir la condena a la mitad, pasando de 400 (36 años, 4 meses) a 200 meses de prisión (16 años, 8 meses).
El Juez sexto penal del Circuito de Cartagena, en su escrito de condena señaló el pasado 25 de junio de 2024, que el policía “obró de manera consciente y voluntaria, queriendo la conducta asumida y a sabiendas de su carácter delictual o prohibido”, se le imputó.
La defensa de la víctima en este caso la liderada por el Colectivo Justicia Racial, manifestó que –_“se trata de un delito de odio, que dejarse impune refuerza la idea del poder discrecional de la policía de imponer la pena de muerte de manera selectiva”_ Para Ali Bantú líder del Colectivo _“Necesitamos encontrar otra manera de comunicarnos como país, llegar a acuerdos de paz y ciudadanía entre la fuerza pública”
SON MUCHAS LAS REFLEXIONES QUE, COMO SOCIEDAD, PROPORCIONA ESTA TRAGEDIA.
La permanente impunidad, y la presión social por “seguridad” que termina justificando cualquier arbitrariedad; la exigencia de altos oficiales de la policía por resultados operativos pírricos hacia agentes de policía agotados, explotados y precarizados, mientras el gran narcotráfico alimenta con impunidad las clases políticas y las élites del país._ Obviamente, el abuso policial se enfatiza en los jóvenes humildes, pobres, racializados y en este caso, migrantes.
Tal vez en la misma playa de Barú, o en las grandes ciudades del país, el porte de sustancias psicoactivas para uso personal, consagrado en la Sentencia de la Corte Constitucional C-221 desde 1994 como un derecho, habría tenido un tratamiento distinto por parte de la policía si la persona fuera blanca, de una clase social privilegiada o sin el estigma recurrente de ser un migrante venezolano.
En otras circunstancias, como las que viven miles de jóvenes en el país a diario, el acostumbrado abuso policial habría terminado con el decomiso de la marihuana, un comparendo y en muchas ocasiones, una arbitraria retención en los llamados “Centros de Traslado por Protección”, un eufemismo que normaliza la detención de jóvenes usuarios de sustancias psicoactivas.
Pero en este caso Joan Esteban Infante fue asesinado por increpar a la policía, por cuestionar y rechazar un evidente abuso, por solidarizarse con su amigo y trabajador venezolano en un establecimiento comercial donde estaban a esa hora trabajando atendiendo turistas nacionales y extranjeros.
¡Su único “crimen” fue oponerse a un abuso de autoridad y rechazar la violencia policial!
