El envejecimiento poblacional presionaría las finanzas públicas colombianas, mientras expertos advierten sobre el costo creciente de financiar las pensiones futuras
El envejecimiento de la población colombiana plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas. Las proyecciones del actuario colombiano Diego Alejandro Esguerra indican que el gasto social en pensiones podría pasar de aproximadamente $70 billones en 2026 a $103 billones en 2044, en un escenario marcado por el aumento de la esperanza de vida.
De acuerdo con estas estimaciones, el gasto pensional pasaría de representar el 6,09 % del producto interno bruto (PIB) en 2026 al 7,46 % en 2044. Esta evolución refleja la presión que puede ejercer una población que vive más tiempo sobre las obligaciones pensionales del Estado.
El aumento de la longevidad representa un avance social, pero también exige revisar cómo se financiarán las prestaciones durante períodos más prolongados. Las personas que viven más años pueden recibir sus pensiones durante más tiempo, lo que incrementa el valor de las obligaciones que debe cubrir el sistema.
Diego Alejandro Esguerra advierte que el efecto específico de la longevidad se manifiesta principalmente en la necesidad de pagar pensiones y rentas vitalicias durante más tiempo. Esta situación aumenta el valor presente de las obligaciones y las necesidades de subsidio por parte del Estado.
Sin embargo, el actuario aclara que atribuir toda la proyección del gasto exclusivamente al aumento de la esperanza de vida sería un sesgo. Las estimaciones también pueden incorporar otros factores sociales y económicos, así como los parámetros establecidos en la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional.
El envejecimiento poblacional aumenta la presión fiscal
Colombia experimenta dos transformaciones demográficas simultáneas: las personas viven más años y nacen menos niños. Esta combinación modificará progresivamente la estructura de la población y reducirá proporcionalmente la cantidad de personas en edad de trabajar frente al número de adultos mayores.
El cambio plantea un desafío para el financiamiento de las pensiones, porque una población con mayor proporción de personas mayores necesita recursos para cubrir sus prestaciones durante períodos más prolongados. Al mismo tiempo, una menor proporción de personas en edad laboral puede aumentar la presión sobre los mecanismos de financiación del sistema.
Un estudio del Banco de la República advierte que esta transformación demográfica tendrá efectos sobre las pensiones, la salud, los cuidados de largo plazo y los ingresos fiscales. Según el análisis, estos factores generarán una presión creciente sobre las finanzas públicas y contribuirán a ampliar el déficit fiscal durante las próximas décadas.
El Emisor calculó, bajo las reglas pensionales analizadas, que una mayor longevidad podría incrementar el gasto fiscal en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales del PIB en promedio anual.
Aunque esta proporción puede parecer reducida, su acumulación durante períodos prolongados representa un factor que merece atención en la planificación fiscal. Las obligaciones públicas relacionadas con el envejecimiento requieren proyecciones que permitan anticipar las necesidades financieras de los próximos años.
Por esta razón, el debate no se limita a establecer cuánto dinero necesitará el país para pagar las pensiones actuales. También implica analizar cómo evolucionarán los compromisos futuros y qué capacidad tendrá el Estado para financiarlos sin trasladar cargas insostenibles a las siguientes generaciones.
Los cálculos actuariales, claves para anticipar los riesgos
La Asociación Colombiana de Actuarios (ACA) sostiene que la longevidad no debe analizarse exclusivamente desde la perspectiva de la política pública. La organización destaca la importancia de incorporar cálculos actuariales que permitan evaluar los riesgos asociados con la evolución demográfica y económica del país.
Estos análisis consideran variables como la esperanza de vida, la mortalidad, el comportamiento de los cotizantes, las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico y la probabilidad de supervivencia, entre otros factores.
La combinación de estas variables permite estudiar cómo podrían evolucionar las obligaciones financieras a lo largo del tiempo. También contribuye a identificar los riesgos que pueden afectar la capacidad de financiar las prestaciones pensionales en diferentes escenarios.
La discusión adquiere especial relevancia ante los compromisos asociados con la reforma pensional, establecida mediante la Ley 2381 de 2024. La pregunta central consiste en determinar cuánto dinero necesitará Colombia para cumplir sus obligaciones durante los próximos 20, 30 o 40 años.
Andrés Vesga Mahecha, presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Actuarios, planteó que el reto no consiste en impedir que los ciudadanos vivan más, sino en garantizar la financiación de esos años adicionales de vida.
“El desafío para Colombia no es evitar que sus ciudadanos vivan más sino lograr que el país pueda financiar dignamente esos años adicionales de vida sin trasladar una cuenta imposible de pagar a las próximas generaciones”, puntualizó Vesga Mahecha.
Su planteamiento sitúa la sostenibilidad financiera como uno de los asuntos centrales de la discusión sobre el envejecimiento. La planificación debe considerar tanto las necesidades de las personas mayores como la capacidad económica del país para responder a sus obligaciones futuras.
Bogotá reunirá a expertos para analizar el futuro pensional
El debate sobre los riesgos derivados del envejecimiento poblacional estará presente en el IX Simposio Internacional de Actuaría, que se realizará del 14 al 17 de octubre en Bogotá.
El encuentro reunirá a más de 250 actuarios y profesionales del riesgo de Colombia y la región para analizar cómo anticipar los efectos de una población que envejece y cómo aprovechar la información, la ciencia actuarial y las nuevas herramientas para tomar mejores decisiones.
La agenda se desarrollará en un contexto en el que las proyecciones de gasto pensional plantean interrogantes sobre la capacidad de financiación del Estado y la evolución de los compromisos públicos durante las próximas décadas.
Las cifras presentadas por Diego Alejandro Esguerra muestran una posible trayectoria de crecimiento del gasto, aunque su interpretación requiere considerar los distintos factores económicos, sociales y normativos que intervienen en las proyecciones.
El desafío para Colombia será combinar el análisis demográfico con evaluaciones actuariales y decisiones de política pública que permitan anticipar las necesidades de financiación. La discusión también deberá considerar los efectos del envejecimiento sobre la salud, los cuidados de largo plazo y los ingresos fiscales.
El futuro pensional del país dependerá de su capacidad para anticipar los riesgos y financiar sus compromisos de manera sostenible. El IX Simposio Internacional de Actuaría buscará poner estas preguntas en el centro de la conversación profesional, con énfasis en la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones frente a una población que vive cada vez más años.
