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Nov 18, 2026

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Cinco claves definen la financiación de obras de infraestructura en Colombia

La financiación de infraestructura depende de cinco condiciones clave: pagos garantizados, riesgos controlados, costos definidos, terrenos disponibles y reglas estables

La bancabilidad determina si los proyectos de infraestructura colombianos consiguen recursos para pasar de los anuncios a la ejecución


Una obra anunciada, con diseños terminados y una necesidad evidente, no necesariamente consigue financiación. Los bancos, fondos y organismos multilaterales exigen garantías sobre los ingresos, los costos, los riesgos y las condiciones de ejecución antes de comprometer recursos. Estas condiciones determinan si un proyecto puede convertirse en una inversión financiable o permanecer en el papel.

Este será uno de los temas centrales del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que se realizará del 25 al 27 de noviembre en Cartagena. Bajo el lema “Del plan a la obra”, el encuentro reunirá al Gobierno, constructores, entidades financieras e inversionistas para analizar cómo se financiarán los proyectos a partir de 2027.

El debate adquiere relevancia mientras el nuevo Gobierno prepara su Plan Nacional de Desarrollo y recibe una cartera de iniciativas en diferentes etapas de avance.

Las cifras reflejan el desafío. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las concesiones de cuarta generación (4G) se acercan al 93 % de avance, con inversiones superiores a $67 billones. Por su parte, el programa de quinta generación (5G) contempla inversiones por $45,7 billones en 13 proyectos, de los cuales ocho no registraban avances de obra a mitad de año, de acuerdo con datos de la CCI.

La bancabilidad: una condición para conseguir recursos

La bancabilidad es uno de los conceptos fundamentales para entender por qué algunos proyectos consiguen financiación y otros no. Este término hace referencia a las condiciones que permiten al financiador confiar en que la obra generará el flujo de caja necesario para pagar la deuda durante las etapas de construcción y operación.

Pablo Jaramillo, socio de Jaramillo Córdoba De Vivero (JCD), explica que los financiadores necesitan tener certeza sobre los ingresos y conocer cómo se encuentran delimitados los riesgos de construcción.

Desde la experiencia de los socios de esta firma en estructuración y asuntos de infraestructura, cinco preguntas permiten identificar las condiciones que debe cumplir un proyecto para acceder a financiación.

Las cinco preguntas que definen el futuro financiero de una obra

1. ¿Quién paga y está obligado a hacerlo?

La fuente de pago constituye el punto de partida. En una concesión vial, los ingresos pueden combinar los peajes y los aportes del Estado mediante vigencias futuras. En proyectos portuarios o energéticos, el pago depende de quien adquiere el servicio.

Los financiadores revisan que existan obligaciones de pago firmes, garantías ante incumplimientos y condiciones contractuales claras. También verifican que los plazos y las monedas de los ingresos coincidan con los de la deuda.

Rodrigo De Vivero, socio de JCD, señala que los bancos no prestan únicamente por la existencia de una obra, sino por la solidez del contrato que garantiza sus ingresos.

2. Si algo sale mal, ¿quién responde?

Los accidentes, retrasos y sobrecostos pueden afectar la capacidad del proyecto para pagar sus obligaciones. Por eso, la estructuración debe establecer quién asume cada riesgo y cómo responderá ante una eventualidad.

La sociedad del proyecto adquiere compromisos frente al Estado, terceros y entidades financieras, pero generalmente contrata la construcción y operación con otras empresas. Si los riesgos no se trasladan a los contratistas en condiciones equivalentes, la sociedad puede quedar expuesta a obligaciones que comprometan su capacidad financiera.

3. ¿Cuánto cuesta realmente el proyecto?

El presupuesto debe ofrecer certezas sobre los recursos necesarios para construir y operar la infraestructura. La definición de los precios reduce la incertidumbre frente a factores como la inflación y la tasa de cambio.

Los contratos a precio global fijo permiten limitar esa exposición y establecer con mayor claridad el costo de ejecución. Para los financiadores, conocer cuánto costará realmente la obra resulta indispensable para determinar si los ingresos previstos cubrirán las obligaciones financieras.

4. ¿Están disponibles los terrenos y se puede construir?

La gestión predial, ambiental y social puede determinar si una obra adjudicada logra comenzar. Los diseños terminados no garantizan que el proyecto cuente con las condiciones necesarias para ejecutarse en el territorio.

En Colombia, la admisión de una solicitud de restitución de tierras saca provisionalmente del comercio el predio involucrado y puede frenar el trámite de la licencia ambiental.

Nicolás Córdoba, socio de JCD, advierte que los bancos necesitan comprobar que los terrenos estén disponibles y que la construcción pueda realizarse en el lugar previsto.

5. ¿Se van a respetar las reglas?

La estabilidad de los compromisos también influye en las decisiones de financiación. Los bancos evalúan que se mantengan las vigencias futuras, que los pagos lleguen oportunamente y que las reglas no cambien durante la ejecución del proyecto.

La CCI ha advertido sobre recortes de vigencias futuras que ponen en riesgo proyectos priorizados. Además, ha registrado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados entre 2023 y 2025, situaciones que forman parte del contexto que analizan los financiadores.

La financiación comienza desde la estructuración

De cara al Congreso Nacional de la Infraestructura, el análisis plantea una tarea conjunta para los sectores público y privado: incorporar las condiciones de financiación desde la estructuración de cada proyecto, en lugar de esperar hasta el momento de solicitar un crédito.

La consulta temprana a las entidades financieras, la definición de las fuentes de pago, la asignación de los riesgos prediales, ambientales y sociales, y la articulación de los contratos pueden facilitar el cierre financiero y la ejecución de las obras.

Los socios de JCD consideran que el cierre financiero no debe entenderse como un trámite al final del proceso, sino como una prueba de que el proyecto fue estructurado adecuadamente desde el comienzo.

El reto para Colombia consiste en lograr que las iniciativas anunciadas tengan condiciones reales para avanzar. Una obra no se materializa solamente con diseños, presupuestos o anuncios: necesita ingresos respaldados, riesgos definidos, terrenos disponibles y reglas estables que permitan confiar en su ejecución.

Sobre Jaramillo Córdoba De Vivero

JCD es una firma colombiana de abogados con más de 28 años de trayectoria de sus socios Pablo Jaramillo, Nicolás Córdoba y Rodrigo De Vivero. Su equipo cuenta con experiencia en asuntos transaccionales, regulatorios y de estructuración en infraestructura, energía y recursos naturales. Más información en www.jcdlegal.co

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