Roger Mina gerente de EMCALI niega favoritismos en la concesión del alumbrado público, mientras Roberto Ortiz, Concejal denuncia presuntas irregularidades contractuales
La modernización del alumbrado público de Cali abrió un debate entre el gerente de EMCALI, Roger Mina, y el concejal de oposición Roberto Ortiz Urrueña. Mientras el funcionario defiende la contratación de un operador privado para renovar las luminarias de la ciudad, el cabildante denuncia presuntas irregularidades y advierte sobre un posible favorecimiento a una empresa vinculada al empresario conocido como el Turco Hilsaca.
Durante una entrevista con Caracol Radio 6AM-W, Mina negó que exista intención de favorecer a un contratista en particular. Ortiz, por su parte, sostuvo que el proceso presenta aspectos que deben ser revisados por las autoridades competentes y pidió que se esclarezcan las condiciones de la invitación o licitación.
El proyecto contempla la modernización de 101.000 luminarias, la instalación de cerca de 5.000 puntos lumínicos nuevos y una inversión aproximada de 450.000 millones de pesos, según la explicación entregada por el gerente de EMCALI.
La discusión también incluye la posibilidad de que la operación del alumbrado permanezca en una filial de la empresa pública, como propone Ortiz, frente a la alternativa de contratar a un privado para ejecutar las inversiones necesarias.
EMCALI justifica la inversión y niega favorecimientos
Roger Mina explicó que el reglamento técnico de alumbrado público, según su exposición, prohíbe desde 2024 el uso de tecnologías anteriores a LED, como las lámparas de sodio o mercurio. Por esa razón, señaló que las ciudades deben avanzar en la modernización de sus sistemas de iluminación.
El gerente indicó que el Plan Distrital de Desarrollo “Cali Capital Pacífica” estableció como meta modernizar el 100 % del alumbrado público de la ciudad. Para cumplir ese objetivo, EMCALI debe cambiar las luminarias pendientes, instalar nuevos puntos de iluminación y avanzar en la telegestión.
Este último componente permitiría administrar las luminarias desde un centro de control remoto. Según Mina, esa tecnología facilitaría, por ejemplo, apagar durante el día las luminarias que permanezcan encendidas y gestionar su funcionamiento durante la noche.
El proyecto tiene un presupuesto aproximado de 450.000 millones de pesos. Mina señaló que el cálculo se realiza con base en los precios establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante las denominadas unidades constructivas.
La propuesta de EMCALI consiste en que un operador privado realice la inversión requerida para desarrollar el proyecto de modernización. Sin embargo, esa alternativa es cuestionada por Ortiz, quien considera que la operación debería permanecer en EMCALI a través de su filial EMCALED, con el argumento de que los recursos se quedarían en la ciudad.
Frente a los señalamientos sobre posibles requisitos que beneficiarían a determinados participantes, Mina aclaró que la experiencia exigida corresponde a la magnitud del proyecto, pero no obliga a una sola empresa a acreditar por sí misma la instalación de 100.000 luminarias.
El gerente explicó que las uniones de empresas que participen pueden sumar la experiencia de sus integrantes y acreditar los requisitos mediante hasta cinco contratos ejecutados durante los últimos diez años.
Mina también afirmó que la legislación colombiana no permite excluir empresas sin una causal clara de inhabilidad. Por ello, defendió que cualquier interesado que cumpla las condiciones pueda presentarse y negó que EMCALI busque favorecer o vetar a un participante.
Roberto Ortiz cuestiona los requisitos y pide esclarecer el proceso
El concejal Roberto Ortiz Urrueña afirmó que existen presuntas irregularidades en la contratación y cuestionó el origen de algunos estudios y requisitos técnicos. Entre sus interrogantes, mencionó la justificación del cálculo de 104.000 luminarias y las especificaciones exigidas para contratar a un ingeniero.
Ortiz sostuvo que, según su interpretación, determinadas condiciones podrían favorecer a una empresa de Neiva vinculada al conglomerado empresarial al que hizo referencia en sus declaraciones. También señaló que el proceso, presuntamente, podría beneficiar a intereses relacionados con el empresario conocido como el Turco Hilsaca.
Estas afirmaciones corresponden a las denuncias del concejal y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre la existencia de irregularidades o favorecimientos. Ortiz manifestó que serán la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las entidades encargadas de establecer si sus señalamientos tienen sustento.
El cabildante también defendió las reuniones que, según explicó, ha sostenido con personas que le suministran información sobre el proceso. Aseguró que los ingenieros de EMCALI con quienes se ha reunido no tienen relación con empresas que participen en la invitación o licitación y sostuvo que escuchar a la ciudadanía hace parte de su función de control político.
Mina, por su parte, afirmó que Ortiz también se reunió con un contratista. El gerente dijo que dispone de información sobre nombres, lugares y horarios, aunque aclaró que no considera ilegal que un concejal se reúna con otras personas.
El funcionario sostuvo que el punto central es la transparencia frente a la ciudadanía y no la existencia de reuniones en sí mismas. Ortiz rechazó los señalamientos del gerente y reiteró que su interés consiste en que la operación del alumbrado permanezca en manos de EMCALI y su filial.
Auditoría forense y vigilancia institucional en el centro del debate
Durante la entrevista, Mina indicó que el proceso ha contado con vigilancia preventiva de la Procuraduría y la Contraloría, además de mesas con personal distrital. También aseguró que se adelantará una auditoría forense para reforzar la revisión del procedimiento.
Ortiz señaló que la Presidencia de la República, a través de Cristina Lombana, a quien identificó como directora de la Oficina de Transparencia Ciudadana, pidió al gerente contratar esa auditoría.
La revisión forense aparece así como uno de los elementos centrales para examinar las dudas planteadas sobre los requisitos, los estudios y las condiciones del proceso. Su importancia radica en que permitirá someter a revisión la información relacionada con una contratación que involucra recursos públicos y una inversión de gran magnitud.
El debate enfrenta dos posiciones: la administración de EMCALI defiende la contratación de un privado para financiar y ejecutar la modernización, mientras el concejal cuestiona los términos del proceso y propone que la operación continúe en una filial de la empresa pública.
Por ahora, las declaraciones conocidas reflejan las posiciones de ambos protagonistas, pero no permiten establecer como hechos probados las acusaciones de favorecimiento. La determinación de posibles irregularidades corresponde a los organismos competentes, a partir de las pruebas y las revisiones que se adelanten.
La modernización del alumbrado público de Cali combina un desafío técnico con una discusión sobre transparencia y manejo de recursos públicos. La renovación de luminarias, la instalación de nuevos puntos y la telegestión son los objetivos expuestos por EMCALI; el esclarecimiento de los cuestionamientos planteados por Ortiz será fundamental para que la ciudadanía conozca los resultados de las revisiones y las decisiones que se adopten sobre el futuro del proyecto.
