Arrendar vivienda turística exige cumplimiento legal claro y responsable en Cartagena y Colombia para anfitriones actuales
El arrendamiento de viviendas para estancias cortas se consolida como una alternativa de ingreso para miles de hogares en Colombia, especialmente en ciudades turísticas como Cartagena de Indias. Sin embargo, esta actividad no solo implica una oportunidad económica, sino también el cumplimiento de una serie de normas jurídicas que regulan su operación desde el año 2006.
El crecimiento de plataformas digitales ha impulsado este modelo de negocio, generando un impacto económico significativo en el país. Según datos compartidos, la actividad de anfitriones y huéspedes ha alcanzado más de 10,6 billones de pesos, reflejando su capacidad para dinamizar la economía local. No obstante, quienes deseen participar en este mercado deben conocer y aplicar las regulaciones vigentes.
Requisitos legales para operar viviendas turísticas
El primer paso para ofrecer una vivienda en estancias cortas es la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Este trámite se realiza ante la Cámara de Comercio y debe renovarse anualmente. La falta de renovación genera la suspensión automática del registro, lo que obliga al pago de un salario mínimo para su reactivación.
Otro requisito fundamental es la adquisición de una póliza de responsabilidad civil. Esta debe cubrir posibles daños a huéspedes y terceros, incluyendo lesiones, incapacidad o afectaciones a bienes. Esta medida busca garantizar la seguridad de quienes utilizan estos servicios.
Además, cada huésped debe ser registrado mediante la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), un sistema oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este control permite llevar trazabilidad de las personas que utilizan estos espacios, fortaleciendo la formalidad del sector.
En términos económicos, los prestadores de servicios turísticos deben pagar una contribución parafiscal equivalente al 0,25% de sus ingresos operacionales. Este pago es trimestral y no puede trasladarse al usuario final, lo que implica una responsabilidad directa del anfitrión.
Responsabilidad social y convivencia ciudadana
El cumplimiento de la normativa no se limita a lo administrativo. También incluye aspectos sociales y de convivencia. Está prohibido alojar menores de edad sin la debida autorización de sus padres o representantes legales. Asimismo, cualquier indicio de vulneración de derechos debe ser reportado a las autoridades.
En el caso de inmuebles ubicados en propiedad horizontal, es obligatorio que el reglamento permita expresamente el uso como vivienda turística. Este punto es clave, ya que muchos conflictos surgen por el desconocimiento de estas restricciones.
La convivencia ciudadana también juega un papel central. Los anfitriones son responsables de evitar ruidos o comportamientos que afecten la tranquilidad del vecindario. Aunque la vivienda turística no se considera un establecimiento de comercio, sí debe cumplir normas básicas de respeto y orden.
Este modelo de alojamiento representa una oportunidad real para el desarrollo económico de las ciudades, pero su sostenibilidad depende del cumplimiento riguroso de las reglas. Más allá de generar ingresos, se trata de construir confianza, formalidad y responsabilidad en un sector que sigue creciendo.
En ese contexto, la invitación es clara: quienes decidan arrendar su vivienda deben hacerlo con conocimiento, legalidad y compromiso. Porque en una ciudad turística como Cartagena, cada experiencia cuenta, y cada anfitrión se convierte en parte de la imagen del destino.
