Sala Redacción (IA). – En el marco del primer periodo de sesiones extraordinarias, el Concejo Distrital de Cartagena celebró una audiencia pública para debatir el Proyecto de Acuerdo N°056 de 2025, iniciativa que busca otorgar facultades al alcalde mayor para legalizar urbanísticamente los asentamientos humanos de origen informal en el distrito.
El proyecto, que impactaría positivamente a miles de familias en sectores como Arroz Barato, Puerta de Hierro, Policarpa, Sevillana y Villa Andrea, recibió un amplio respaldo por parte de la ciudadanía, los concejales y la administración distrital. Durante la sesión, líderes comunitarios expresaron la urgencia de legalizar sus barrios con el fin de acceder a servicios básicos esenciales y mejorar su calidad de vida.
Clamor ciudadano por la legalización
La audiencia inició con la participación de representantes comunitarios, quienes enfatizaron la necesidad de contar con títulos de propiedad y acceso a servicios públicos como alcantarillado, agua potable y electricidad. Pedro José Baldovino, representante del barrio Arroz Barato, resaltó la importancia del proyecto: “La legalización urbanística no solo garantizará servicios públicos, sino que también permitirá la construcción de canchas deportivas, parques y viviendas dignas”.
Por su parte, Ermina Salgado y Víctor Manuel Chica hicieron un llamado al Concejo para que apruebe el proyecto, destacando que es una “oportunidad histórica para mejorar la calidad de vida de más de 40 mil familias”.
Desde el barrio Villa Corelca, Alexis Mon, presidente de la Junta de Acción Comunal, expresó su deseo de que su comunidad sea incluida en futuros procesos de legalización. “Vine hoy porque mi comunidad merece ser legalizada. Si es necesario, volveré una y otra vez hasta lograrlo”, afirmó con determinación.
La hermana Elizabeth Cañate destacó el impacto social del proyecto, subrayando el rol clave de las comunidades organizadas y el respaldo institucional necesario para garantizar avances en el proceso de formalización.
Postura de los concejales: apoyo con observaciones
Durante el debate, los concejales manifestaron su apoyo general a la iniciativa, aunque algunos expresaron inquietudes sobre su implementación y alcances.
Javier Julio Bejarano y Johan Correa recordaron el compromiso histórico del Concejo con los barrios populares. “No podemos negar un proceso de legalización cuando muchos de nosotros nacimos en barrios que fueron invasiones. Este proyecto es una deuda histórica con Cartagena”, enfatizó Bejarano.
El concejal Armando Córdoba solicitó mayor claridad sobre los plazos de ejecución y las estrategias para evitar la aparición de nuevas ocupaciones informales. En tanto, la concejal Gloria Estrada planteó dudas sobre la titularidad de predios y la delimitación de los sectores beneficiados, solicitando mayor precisión en los anexos del proyecto.
Por su parte, la concejal Laura Díaz calificó la iniciativa como un logro ciudadano, destacando la importancia de la articulación entre comunidad e instituciones. Finalmente, el concejal Emmanuel Vergara anunció que, tras una mesa técnica previa, se propuso incluir un artículo de seguimiento y control, que obligue a la Administración Distrital a presentar informes semestrales sobre el avance del proceso de legalización.
Explicaciones de la Administración Distrital
Desde el gobierno local, Camilo Rey Sabogal, secretario de Planeación, explicó que el proyecto no legaliza directamente los barrios, sino que otorga al alcalde la facultad de hacerlo, un proceso que implica estudios de riesgo, diagnósticos catastrales y aprobación de la comunidad. “Arroz Barato es el barrio más avanzado en este proceso, pero otros como Policarpa y Puerta de Hierro aún requieren estudios detallados”, detalló Rey Sabogal.
Asimismo, Gisella Román Ceballos, directora de Corvivienda, expuso las fases del proceso de legalización, que incluyen la viabilidad técnica y jurídica, la construcción de planos urbanísticos y la aprobación de normas urbanísticas para cada barrio.
El Proyecto de Acuerdo N°056 de 2025 representa un avance crucial en la lucha por el derecho a una vivienda digna y a servicios básicos en Cartagena. La audiencia pública evidenció el respaldo ciudadano y la voluntad política para avanzar en la legalización de asentamientos informales. Ahora, el Concejo Distrital deberá evaluar las observaciones planteadas antes de tomar una decisión final sobre esta iniciativa que podría transformar la vida de miles de familias en la ciudad.
