Sala Redacción (IA). – En medio de la controversia generada por la implementación del Proyecto de Conectividad de Autopistas del Caribe, la concesionaria ha emitido un comunicado en el que aclara aspectos clave sobre la legalidad del contrato, la operatividad de los peajes y las implicaciones económicas y sociales de bloquear el proyecto.
Legalidad de las estaciones de peaje
La concesión reafirmó la legalidad de las estaciones de peaje en Sabanagrande y Turbaco, asegurando que están respaldadas por el Contrato de Concesión 002 de 2021 y la Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 del Ministerio de Transporte.
A pesar de la desinformación difundida por grupos opositores, Autopistas del Caribe subrayó que no existen irregularidades en la instalación y operación de los peajes. Según la empresa, el proyecto cumple con todas las normativas vigentes y responde a la necesidad de mejorar la conectividad entre las principales ciudades del Caribe colombiano.
Además, aclaró que el peaje de Sabanagrande cuenta con una tarifa diferencial que beneficia a más de 10.851 personas de las comunidades cercanas. En el caso del peaje de Turbaco, el Gobierno Nacional propuso una tarifa reducida de $1.500 para vehículos de Categoría I y $2.000 para Categoría II, una medida que, según la concesión, fue rechazada por el Comité No Más Peaje sin consultar a los usuarios reales de la vía.
Bloqueos y afectaciones a la comunidad
Desde el 6 de diciembre de 2024, la estación de peaje de Sabanagrande ha sido ocupada por grupos que han intimidado y agredido al personal, según denunció la concesión.
La empresa recordó que la evasión del peaje está regulada por la Ley 769 de 2022, y quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar sanciones equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
“Las amenazas contra los usuarios de la vía y nuestros colaboradores constituyen un delito según la normativa colombiana”, enfatizó la concesionaria.
Autopistas del Caribe pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los trabajadores y velar por el cumplimiento de la ley.
Cierre financiero y viabilidad del proyecto
La concesión explicó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reconoció un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) que suspende temporalmente ciertas obligaciones del concesionario debido a obstáculos externos.
Entre estos factores se encuentran:
- La falta de implementación del cobro en las categorías 1 y 2 del peaje de Turbaco.
- La construcción y puesta en operación de la estación de peaje en Arroyo de Piedra.
Mientras estos problemas no se resuelvan, el concesionario no puede cumplir con la obligación contractual de acreditar el cierre financiero.
Además, la concesión desmintió la versión de que el 21 de enero deba acreditarse el cierre financiero o que el contrato esté en riesgo de liquidación.
Diálogo y rechazo a la liquidación del proyecto
Autopistas del Caribe aseguró haber participado en más de 20 jornadas de diálogo con distintos sectores, buscando evitar la liquidación del proyecto y encontrar soluciones viables.
No obstante, según la concesión, grupos opositores al desarrollo continúan exigiendo la cancelación del contrato sin presentar propuestas viables.
“El intento de liquidar el contrato responde a intereses políticos y generaría un daño irreparable para la competitividad de la región”, advirtió la empresa.
Históricamente, la cancelación de proyectos de esta magnitud ha traído consigo desempleo masivo, pérdida de inversión social y ambiental y deterioro de la infraestructura regional.
Adicionalmente, la liquidación del contrato implicaría pagos billonarios para el Estado colombiano, afectando la estabilidad económica y social de la región.
“La región necesita este proyecto para avanzar. Cualquier intento de bloquearlo solo profundizará los problemas que ya enfrentamos. Es hora de mirar hacia el futuro y garantizar el desarrollo de la infraestructura que necesitamos”, enfatizó la concesión.
Actividades preliminares para la construcción del peaje en Arroyo de Piedra
En respuesta a las críticas sobre las actividades preliminares para la construcción del peaje de Arroyo de Piedra, Autopistas del Caribe aclaró que:
- La adecuación del terreno y la tala de árboles cuentan con los permisos ambientales necesarios otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.).
- Estas acciones cumplen con la normativa ambiental vigente y no requieren licencia ambiental.
- La ejecución del proyecto se ajusta al Decreto 1076 de 2015, que regula obras de mejoramiento sobre infraestructura existente.
Autopistas del Caribe reafirmó su compromiso con la ejecución del proyecto y pidió a los sectores involucrados apoyar su continuidad.
“Este es un proyecto clave para el desarrollo del Caribe colombiano. Debemos garantizar su ejecución con responsabilidad y compromiso”, concluyó la concesión.
