Grave crisis humanitaria en Catatumbo deja 784 desplazados y aumenta riesgos para población civil vulnerable.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que generan nuevos desplazamientos masivos y aumentan los riesgos para la población civil.
La entidad informó que hacia el mediodía del 2 de junio se presentó un nuevo evento de desplazamiento forzado en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. El hecho afectó a 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas, provenientes de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo.
La situación refleja la persistencia de factores de riesgo que afectan a las comunidades rurales de esta región del país. Los desplazamientos se habrían producido como una medida de autoprotección adoptada por las familias ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos, homicidios y otras vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Ataques con drones agravan la emergencia
La Defensoría del Pueblo también reportó un nuevo ataque con artefactos explosivos que presuntamente fueron lanzados mediante drones en zona rural del municipio de El Tarra.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho habría dejado una persona fallecida y varias más heridas. Sin embargo, las dificultades de acceso y comunicación que persisten en el territorio limitan la verificación completa de la emergencia humanitaria.
La entidad indicó que estos hechos se suman a otros eventos violentos registrados durante la última semana en el corregimiento de Filogringo y en la Isla del Cerro, también ubicados en jurisdicción del municipio de El Tarra.
La continuidad de estas acciones violentas incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad de la población civil, especialmente de quienes permanecen en zonas rurales afectadas por la confrontación.
Cifras preocupantes durante 2026
La Defensoría del Pueblo reveló que durante lo corrido de 2026 se han registrado 13 eventos de desplazamiento masivo en la región del Catatumbo.
Como consecuencia de estos hechos, 2.447 personas han sido desplazadas, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra, territorios que continúan enfrentando una compleja situación de orden público.
Las cifras evidencian el impacto que la violencia sigue teniendo sobre las comunidades, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.
La entidad reiteró que la situación demanda una respuesta inmediata de las autoridades competentes para evitar que continúe aumentando el número de víctimas y garantizar condiciones dignas para las personas afectadas.
Llamado urgente a las autoridades
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria integral e inmediata a las familias desplazadas.
La entidad solicitó fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio, con el propósito de reducir los riesgos que enfrentan las comunidades y evitar nuevos hechos de desplazamiento.
Asimismo, instó a activar los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para asegurar una respuesta sostenida e ininterrumpida a las necesidades de las familias afectadas.
La Defensoría enfatizó la importancia de que las instituciones trabajen de manera coordinada para brindar acompañamiento oportuno y garantizar el acceso a los servicios esenciales para las personas desplazadas.
Finalmente, reiteró a todos los actores armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y protección de la población civil.
La situación que enfrenta el Catatumbo continúa generando preocupación por el impacto humanitario que tiene sobre cientos de familias que hoy buscan protección frente a la violencia. Mientras avanzan las acciones institucionales para atender la emergencia, las comunidades afectadas esperan respuestas efectivas que permitan proteger sus derechos y recuperar condiciones de seguridad en una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la inseguridad durante este año.
