Comunidad de San Bernardo denuncia grave incumplimiento judicial y ausencia institucional en mesa técnica en colegio Pies Descalzos
La comunidad del barrio San Bernardo de Asís, en Cartagena, denunció públicamente sentirse vulnerada por la administración distrital debido al incumplimiento de un fallo judicial que ordena garantizar derechos colectivos fundamentales. A esta situación se suma la ausencia de funcionarios con capacidad de decisión en una mesa técnica convocada por la comunidad, con acompañamiento de la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo.
La lideresa comunal Lorenza Nieto expresó su inconformidad frente a lo que calificó como una omisión reiterada por parte del Distrito. La comunidad asegura que no existen expectativas positivas frente a los espacios de diálogo, debido a la falta de compromiso institucional en el cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes desde hace más de una década.
Según explicó Nieto, el proceso se origina en una acción popular interpuesta en 2011, cuyo fallo fue emitido por el Juzgado Tercero Administrativo en 2013 y posteriormente ratificado en 2014 por el Tribunal de Bolívar. La sentencia obliga al Distrito de Cartagena y al alcalde de turno a ejecutar una serie de acciones para proteger derechos colectivos vulnerados en la comunidad.
La lideresa fue enfática al señalar que la comunidad no está solicitando favores, sino exigiendo el cumplimiento de una decisión judicial. “Nosotros no somos limosneros, ni tampoco estamos pidiendo nada. Nos ampara una sentencia”, afirmó, dejando claro el carácter legal de sus reclamaciones.
Incumplimiento histórico y necesidades urgentes
El panorama en San Bernardo de Asís evidencia múltiples problemáticas estructurales que, según la comunidad, han sido ignoradas durante años. Una de las principales prioridades es la reubicación de más de 500 familias que se encuentran en zonas de alto riesgo, situación que representa una amenaza constante para su seguridad.
A esta problemática se suman deficiencias en infraestructura vial. La comunidad asegura que faltan por intervenir al menos cinco calles, obras que hacen parte de las órdenes judiciales, pero que, según denuncian, han sido dilatadas por el Distrito.
Otro de los puntos críticos es el saneamiento básico. En sectores como Panorama, donde habitan más de 1.000 personas, no existe sistema de alcantarillado. La ausencia de este servicio básico impacta directamente en la salud y calidad de vida de los habitantes, quienes enfrentan condiciones precarias.
El acceso al agua potable es irregular. Mientras algunos sectores cuentan con el servicio, otros dependen de soluciones temporales, lo que profundiza la desigualdad dentro del mismo territorio.
En materia educativa, la situación es igualmente preocupante. Un colegio del sector, que en su momento fue administrado por la Fundación Pies Descalzos de Shakira durante diez años y luego entregado a la Secretaría de Educación, actualmente no cuenta con agua potable. Los estudiantes consumen agua suministrada por carrotanques, lo que ha generado múltiples enfermedades virales, según denunció la comunidad.
Relación con administraciones anteriores y falta de avances
La lideresa también se refirió a gestiones realizadas en administraciones pasadas. Durante el gobierno del exalcalde William Dau, la comunidad logró avances parciales, como la pavimentación de la calle 56 y la reubicación de 91 familias. Sin embargo, consideran que estos logros son insuficientes frente a la magnitud de las necesidades existentes.
En la actual administración, la percepción de la comunidad es negativa. Según Nieto, incluso se han presentado intentos de impugnar la acción popular, lo que genera mayor incertidumbre sobre el cumplimiento del fallo judicial.
La ausencia de funcionarios con poder de decisión en la mesa técnica fue uno de los hechos más cuestionados por la comunidad, ya que consideran que esto limita la posibilidad de avanzar en soluciones concretas.
La falta de respuesta institucional ha llevado a los líderes comunitarios a plantear la posibilidad de acudir a otras instancias para exigir el cumplimiento de sus derechos. “De aquí partiremos a otras instancias donde nos den el debido cumplimiento”, advirtió la lideresa.
El llamado de la comunidad no solo se centra en la ejecución de obras, sino en el respeto por los derechos colectivos que, según afirman, han sido vulnerados de manera sistemática. La situación refleja una problemática estructural que combina déficit de infraestructura, falta de servicios básicos y debilidad institucional.
La situación de San Bernardo de Asís evidencia un conflicto prolongado entre comunidad y administración que trasciende lo administrativo y se convierte en un asunto de derechos fundamentales. El incumplimiento de un fallo judicial durante más de una década no solo pone en entredicho la capacidad institucional, sino que también profundiza las condiciones de vulnerabilidad de cientos de familias. La comunidad insiste en que la solución no puede seguir aplazándose y que el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales es la única vía para transformar su realidad.
