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Mar 24, 2026

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Andesco advierte riesgos del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado en Colombia

Andesco cuestiona nuevo marco tarifario y advierte posibles alzas en tarifas y riesgos para sostenibilidad del sector

Andesco alerta sobre preocupante impacto del nuevo marco tarifario en tarifas, inversión y sostenibilidad del servicio público en Colombia


La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, encendió las alertas frente al nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para prestadores con más de 5.000 usuarios, al considerar que su implementación en las condiciones actuales podría generar riesgos tanto para las empresas como para los usuarios.

El gremio reconoce la necesidad de contar con una regulación moderna, sólida y orientada a la sostenibilidad, pero advierte que el proceso adelantado presenta inconsistencias que generan incertidumbre en el sector. En particular, señala cambios estructurales entre la versión publicada para participación ciudadana y la posteriormente remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según Andesco, esta situación limita la efectividad del proceso participativo, ya que el contenido definitivo de la regulación difiere en aspectos sustanciales del documento inicialmente consultado, lo que impide una discusión transparente y completa.

El gremio insiste en que, en decisiones de esta magnitud, la participación debe ser real y vinculada al texto final que será adoptado.

Falta de transición y riesgos en la implementación

Uno de los principales puntos de preocupación es la ausencia de un período de transición adecuado. La propuesta establece su entrada en vigencia el 1 de julio de 2026, un plazo que Andesco considera insuficiente frente a las exigencias técnicas y operativas que implica su implementación.

El nuevo marco requiere la realización de estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información y la validación técnica de procesos, además de la articulación con autoridades territoriales.

Para el gremio, estas condiciones podrían traducirse en escenarios de cumplimiento inviables para los prestadores, especialmente si se tiene en cuenta que procesos anteriores han tomado cerca de un año en discusión y entre seis y once meses en implementación.

Esta falta de gradualidad podría afectar la planeación de las empresas y generar dificultades en la ejecución de las nuevas disposiciones regulatorias.

Posibles efectos en las tarifas y sostenibilidad del servicio

Aunque el objetivo del nuevo marco tarifario es reducir las tarifas, Andesco advierte que los análisis realizados indican un posible efecto contrario. Las nuevas obligaciones asociadas a inversiones ambientales, gestión del riesgo y planes operativos podrían incrementar significativamente los costos.

A esto se suma la imposición de estándares de reducción de pérdidas con cálculos que, según el gremio, presentan inconsistencias. Estas exigencias implicarían altas inversiones que terminarían presionando al alza las tarifas para los usuarios.

El gremio también cuestiona la viabilidad de estas medidas en todos los territorios, teniendo en cuenta las diferencias regionales y las condiciones particulares de cada prestador.

En este contexto, Andesco hace un llamado a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para realizar una revisión integral del marco tarifario, garantizando un proceso transparente, técnicamente sustentado y con tiempos adecuados.

El objetivo, según el gremio, debe ser asegurar una regulación que fortalezca la prestación de los servicios públicos sin generar impactos negativos en la sostenibilidad de las empresas ni en el bolsillo de los usuarios.

Foto Cortesía ANDESCO

El debate sobre el nuevo marco tarifario pone en evidencia la necesidad de equilibrar la modernización regulatoria con la viabilidad técnica y financiera del sector. Andesco insiste en que decisiones apresuradas pueden generar incertidumbre, afectar la calidad del servicio y trasladar costos adicionales a los usuarios. La clave estará en construir una regulación que garantice sostenibilidad, eficiencia y acceso equitativo para todos los colombianos.

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