Gobernadores cuestionan polémico decreto fiscal del Gobierno por afectar gravemente finanzas territoriales y comprometer inversión regional esencial
Los gobernadores del país, con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos (FND), avanzan en la preparación de acciones jurídicas contra el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, expedido en el marco del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 1390 de 2025.
La decisión se adoptó tras considerar que la norma contempla medidas que impactan de manera directa las finanzas de los departamentos, especialmente por el aumento del Impuesto al Consumo y del IVA del 5 % al 19 %, una modificación que, según los mandatarios, compromete la estabilidad fiscal de las entidades territoriales.
Los gobernadores advirtieron que estas nuevas cargas impositivas reducen la capacidad de inversión regional y ponen en riesgo la financiación de sectores estratégicos como salud, educación y deporte, áreas sensibles para las comunidades y especialmente críticas en regiones con mayores brechas sociales y económicas.
Impacto fiscal y preocupación territorial
Los mandatarios departamentales señalaron que las decisiones adoptadas desde el nivel central trasladan una carga fiscal excesiva a los territorios, debilitando la autonomía regional y afectando directamente los recursos destinados a programas sociales y proyectos de desarrollo.
Según los gobernadores, el aumento de los tributos compromete seriamente la planeación presupuestal de los departamentos, limita la ejecución de obras y reduce la capacidad institucional para atender las necesidades básicas de la población.
La estabilidad fiscal de las entidades territoriales quedó en el centro del debate, al considerar que estas medidas no fueron concertadas con los gobiernos regionales y generan un impacto inmediato en las finanzas públicas locales.
Respaldo político y defensa de la autonomía
El candidato al Senado Héctor Olimpo Espinosa expresó su respaldo a los gobernadores y afirmó que las decisiones tomadas desde el nivel central no pueden seguir trasladando la carga fiscal a las regiones.
Espinosa sostuvo que estas medidas debilitan la autonomía territorial y afectan directamente a millones de colombianos que dependen de los recursos departamentales para acceder a servicios esenciales.
“El Caribe y las regiones no pueden seguir asumiendo decisiones tomadas desde el centro que afectan directamente los recursos de los territorios. Defender la autonomía regional es defender el bienestar de millones de colombianos”, afirmó el candidato.
Acciones jurídicas ante la Corte Constitucional
Tras una reunión extraordinaria en la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores acordaron solicitar un espacio de intervención ante la Corte Constitucional, mientras el alto tribunal emite un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las medidas adoptadas en el decreto.
Para este propósito se conformó una comisión representativa integrada por:
- Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima
- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
- Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá
- Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño
- Erasmo Zuleta, presidente de la FND y gobernador de Córdoba
Esta comisión será la encargada de representar a los departamentos ante la Corte Constitucional y exponer los argumentos jurídicos que sustentan la solicitud de revisión de las medidas fiscales.
Institucionalidad y defensa territorial
Héctor Olimpo Espinosa también respaldó la petición de los mandatarios de tener voz directa ante la Corte Constitucional y de exigir respeto por la institucionalidad territorial.
El candidato destacó que las acciones emprendidas se adelantan en cumplimiento de la Constitución y buscan proteger los intereses de las comunidades frente a decisiones que afectan de manera estructural el desarrollo regional.
La defensa de la autonomía territorial se convirtió en uno de los ejes centrales del pronunciamiento político, al considerar que el equilibrio entre el nivel central y los gobiernos regionales es clave para garantizar un modelo de descentralización efectivo.
Preocupación por la seguridad regional
En materia de seguridad, Espinosa apoyó el llamado de los gobernadores al Gobierno nacional para la realización urgente de Consejos Regionales de Seguridad.
El objetivo de estos espacios es enfrentar la violencia, el control territorial ilegal y las amenazas que afectan de manera especial a regiones históricamente golpeadas como el Caribe y el Pacífico.
Los mandatarios insistieron en que la situación de orden público requiere atención inmediata, coordinación interinstitucional y presencia efectiva del Estado en los territorios más vulnerables.
Unidad regional frente a los desafíos
Finalmente, Espinosa reiteró su solidaridad con los departamentos afectados por la reciente ola de violencia y subrayó que la unidad entre los líderes regionales es clave para cerrar brechas, fortalecer la descentralización y avanzar hacia un país con más inversión, desarrollo y oportunidades para las regiones.
Los gobernadores coincidieron en que la defensa de los recursos territoriales es una condición indispensable para garantizar servicios de calidad, fortalecer la institucionalidad y promover el bienestar de las comunidades.
La confrontación jurídica entre los departamentos y el Gobierno abre un nuevo capítulo en la defensa de la autonomía regional, donde la estabilidad fiscal, la descentralización y el bienestar social se consolidan como banderas centrales para proteger el desarrollo de las regiones y el futuro de millones de colombianos.
