Los Gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos enviaron carta en rechazo al polémico decreto de impuestos al consumo licores y cigarrillos
Los 32 gobernadores de Colombia, integrantes de la Federación Nacional de Departamentos, manifestaron su rechazo categórico a la implementación del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado.
A través de una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, firmada por Erasmo Zuleta, presidente de la FND, y Nubia Córdoba, vicepresidenta, los mandatarios departamentales expresaron que la norma resulta recentralizadora, afecta la autonomía territorial y pone en riesgo recursos esenciales para la salud, educación y deporte.
Los gobernadores señalaron que, aunque el Gobierno Nacional puede expedir decretos en estados de excepción, estas medidas no son ilimitadas y deben cumplir principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, sin desconocer la descentralización ni la autonomía fiscal de los departamentos.
Autonomía fiscal en riesgo
La carta explica que las entidades territoriales gozan de autonomía fiscal, política y administrativa, consagrada en la Constitución Política, y que cualquier regulación del nivel central debe respetar la capacidad de los departamentos para gestionar sus recursos y garantizar bienes y servicios a sus comunidades.
Los gobernadores advirtieron que el decreto altera de forma estructural el régimen de rentas territoriales, bajo el argumento de atender una emergencia fiscal, lo que excede los límites materiales de un estado de excepción.
El documento recordó que el impuesto al consumo es una renta cedida a los departamentos y que, una vez transferida, adquiere un carácter funcionalmente autónomo, lo que les permite administrarla dentro de los límites legales.
Impuesto al consumo financia sectores estratégicos
La FND subrayó que el impuesto al consumo representa cerca del 47% de los ingresos tributarios departamentales, recursos que se destinan principalmente a salud, educación y deporte.
Por esta razón, cualquier cambio en este tributo no puede justificarse como mecanismo para equilibrar las finanzas nacionales, ya que no hace parte del Presupuesto General de la Nación, sino que constituye una fuente directa de ingresos regionales.
Los gobernadores advirtieron una contradicción entre el objetivo del decreto, orientado a financiar el presupuesto nacional, y las medidas sobre impuestos al consumo, cuya naturaleza y destino están claramente definidos para los departamentos.
Centralismo fiscal se profundiza
La carta señaló que el decreto profundiza un centralismo fiscal estructural, trasladando la carga del ajuste hacia tributos cedidos a los departamentos.
Actualmente, la Nación recauda el 81% de los impuestos, mientras que los departamentos participan con apenas el 5% y los municipios con el 14%. Según los gobernadores, el decreto no corrige este desequilibrio, sino que lo agrava, aumentando la dependencia territorial de las transferencias nacionales.
Contrabando, una amenaza creciente
Desde la perspectiva económica, los mandatarios expresaron preocupación por el impacto del decreto en el contrabando y la ilegalidad.
En 2024, el contrabando de cigarrillos alcanzó el 36%, el nivel más alto desde 2011, lo que provocó pérdidas cercanas a 1 billón de pesos para los departamentos.
Los gobernadores explicaron que los cigarrillos tienen demanda inelástica, lo que significa que los incrementos de precio no reducen el consumo, sino que desplazan la demanda hacia productos ilegales, fortaleciendo redes criminales.
Licores y salud pública en peligro
En el caso de los licores, se estima que cerca del 22% del consumo corresponde a contrabando, sin contar el licor adulterado, que además de afectar las finanzas territoriales constituye un grave problema de salud pública.
El decreto, al elevar el piso del impuesto al consumo a $750 por grado/750 ml más un componente ad valorem del 30%, reduce de manera sustancial el margen de maniobra de los departamentos y genera riesgos sobre precios, contrabando y sostenibilidad fiscal.
Vacíos y ambigüedades normativas
La FND también advirtió que el decreto presenta vacíos técnicos y ambigüedades, como la falta de claridad sobre el cálculo de ingresos adicionales, la diferenciación entre productos nacionales y extranjeros y la regulación de dispositivos electrónicos derivados del tabaco.
Además, se impone a la Federación la adecuación de formularios y tornaguías electrónicas sin definir mecanismos claros de coordinación, lo que puede generar dificultades operativas y riesgos de invalidez administrativa.
Los gobernadores reiteraron su rechazo al Decreto 1474 de 2025, al considerar que atenta contra la descentralización, la autonomía territorial y la financiación de derechos fundamentales. Finalmente, invitaron al Gobierno Nacional a instalar una mesa de trabajo con la FND y los departamentos, con el fin de buscar alternativas que fortalezcan las finanzas públicas sin sacrificar la sostenibilidad regional.
