La histórica universidad detecta sofisticado fraude tecnológico en pruebas de especializaciones y doctorados médico-quirúrgicos recientes
La Universidad de Cartagena enfrenta uno de los episodios más delicados de su historia reciente, tras descubrir un sofisticado esquema de fraude durante las pruebas de admisión para especializaciones y doctorados en programas médico-quirúrgicos.
La institución, que goza de un reconocido prestigio a lo largo de sus 198 años de existencia, ofrece más de 80 programas académicos entre pregrados y posgrados, pero su limitada disponibilidad de cupos contrasta con una creciente demanda nacional.
En la más reciente convocatoria para especializaciones y doctorados médicos, la universidad ofertó apenas 64 cupos y recibió 1.800 aspirantes, un desequilibrio que, según las autoridades académicas, ha generado intentos ilegales por acceder a los programas.
Tecnología usada para burlar los exámenes
Durante la aplicación de las pruebas escritas, el personal de seguridad de la institución descubrió cerca de cinco cámaras de video ocultas en poder de aspirantes a diferentes especializaciones, lo que permitió develar una operación fraudulenta de mayor alcance.
Las cámaras, conectadas vía bluetooth, transmitían en tiempo real el contenido del examen a una central externa, desde donde se enviaban las respuestas a los aspirantes mediante audífonos especiales imperceptibles.
Este intento de fraude dejó como resultado más de 20 aspirantes descubiertos, cada uno con exámenes distintos, lo que confirma la existencia de empresas ilegales externas dotadas con tecnología avanzada.
De acuerdo con la información conocida por la Universidad, presuntamente se estarían cobrando hasta 50 millones de pesos por aprobar un doctorado mediante estos mecanismos ilegales.
Rector denuncia fallas en el procedimiento policial
El rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún Castillejo, historiador, magíster en Historia y doctor en Ciencia Política, aseguró que la institución cumplió con su deber al presentar las denuncias ante las autoridades competentes.
Sin embargo, el directivo cuestionó la actuación de la Policía, ya que los aspirantes sorprendidos con los dispositivos fueron retenidos inicialmente por personal de la universidad, pero al llegar los uniformados, estos señalaron que se trataba de un caso de “secuestro simple” y ordenaron su liberación.
“Yo lo que quería era que la Policía se los llevara y los pusiera a disposición de la Fiscalía. Nosotros presentamos la respectiva denuncia penal”, manifestó el rector.
Malkún fue enfático al señalar que todo aspirante sorprendido intentando fraude queda penalizado por 10 años, periodo durante el cual no podrá presentarse a ninguna prueba de admisión, ya sea para pregrado o posgrado.
La Universidad fortalece sus sistemas de control
La Universidad de Cartagena informó que ya cuenta con herramientas tecnológicas avanzadas para detectar intentos de fraude, y que en lo sucesivo se implementará bloqueo de señal durante los exámenes, como medida preventiva.
Este no es el primer antecedente. En diciembre de 2023, la institución detectó un fraude en pruebas de admisión para pregrado, lo que llevó a cambiar los protocolos de ingreso por pruebas ICFES.
En esa ocasión, se presentaron cinco casos, y la universidad procedió a desmatricular a los infractores y a reasignar los cupos a quienes legítimamente los merecían.
En enero de 2024, la universidad puso en conocimiento de la Fiscalía el caso y, de forma paralela, la Oficina Asesora de Control Disciplinario abrió una investigación contra un funcionario presuntamente involucrado, quien terminó renunciando.
“Yo no puedo sancionar disciplinariamente a alguien que no es sujeto disciplinario, pero sigue la investigación penal”, explicó el rector.
El caso deja al descubierto una problemática que va más allá del campus universitario y que refleja cómo el prestigio académico y la escasez de cupos han convertido las pruebas de admisión en blanco de redes criminales organizadas.
La Universidad de Cartagena reitera su compromiso con la transparencia y la legalidad, y asegura que continuará fortaleciendo sus protocolos para proteger la meritocracia y el acceso justo a la educación superior.
Este episodio no solo marca un antes y un después en los procesos de admisión, sino que también envía un mensaje contundente a quienes pretendan vulnerar la confianza en la academia: la tecnología y la vigilancia serán aliadas permanentes para cerrarles el paso al fraude.
