Ministerios radicaron hoy en el Congreso proyecto clave para formalizar empleo rural digno en Colombia
El Gobierno nacional avanzó de manera decisiva en la formalización del empleo rural con la radicación del proyecto de ley 504 de 2025, que busca reglamentar el contrato y el jornal agropecuario en Colombia. La iniciativa fue presentada en la Cámara de Representantes por los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 36 de la Ley laboral 2466 de 2025.
El proyecto responde a una deuda histórica con las trabajadoras y trabajadores del campo colombiano, quienes han desarrollado sus labores bajo esquemas de informalidad, precariedad y ausencia de protección social. Según cifras expuestas por el propio Ministerio del Trabajo, casi nueve de cada diez trabajadores rurales permanecen en la informalidad, una realidad que el Gobierno del Cambio busca transformar.
Desde el Congreso, el ministro Antonio Sanguino destacó que esta iniciativa hace parte de las acciones estructurales para consolidar a Colombia como potencia agroalimentaria, integrando el concepto de trabajo digno y decente como eje central del desarrollo rural. En su intervención, agradeció a los congresistas que tendrán la responsabilidad de tramitar el proyecto, subrayando su importancia estratégica para la reforma rural integral.

Un marco legal para dignificar el trabajo rural
El proyecto de ley tiene como objeto reglamentar el contrato y el jornal agropecuario en las actividades de producción y transformación agraria primaria, especialmente aquellas de carácter estacional o transitorio. Su propósito central es promover la formalización laboral, garantizando condiciones justas y seguras para quienes sostienen la producción de alimentos en el país.
Uno de los pilares de la iniciativa es la definición clara de la remuneración del jornal agropecuario, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo diario legal vigente. A este valor se le deberá sumar un factor prestacional no inferior al 30%, reconociendo así derechos que históricamente han sido negados a la población rural.
El proyecto también establece que las horas extras o el trabajo suplementario no estarán incluidos dentro del jornal, y deberán ser pagados adicionalmente conforme a las reglas generales de la legislación laboral. Esta disposición busca eliminar prácticas abusivas que han precarizado las jornadas en el campo.
Otro aspecto clave es la exigencia de que el pacto del jornal conste por escrito, indicando claramente la periodicidad del pago, la estimación del factor prestacional y la remuneración, ya sea en dinero o en especie, cuando aplique. Esta formalidad permitirá mayor transparencia y seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.

Prohibición de intermediación y apuesta por la formalización
El ministro Antonio Sanguino subrayó que uno de los mensajes más contundentes del proyecto es la prohibición de la intermediación laboral, una práctica extendida en el mundo rural que ha contribuido a la vulneración sistemática de derechos laborales.
“El proyecto recoge el espíritu de nuestra reforma laboral en términos de trabajo digno y seguro”, afirmó el titular de la cartera laboral, enfatizando que esta prohibición busca desmontar esquemas coloniales que han perpetuado la informalidad y la explotación en el campo colombiano.
Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, destacó que esta iniciativa permite cumplir compromisos internacionales adquiridos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente a las condiciones laborales de agricultores y agricultoras.
La ministra resaltó la necesidad de reconocer a las familias rurales, avanzar en la protección de la seguridad social y garantizar derechos laborales para quienes abastecen los mercados y alimentan a las ciudades. “Ellos son quienes hacen posible que los alimentos lleguen frescos a los hogares colombianos”, señaló.
Con la radicación de este proyecto, el Gobierno del Cambio marca un hito en la historia laboral del campo colombiano, apostándole a la dignificación del trabajo rural, la formalización y la justicia social. La iniciativa no solo busca corregir desigualdades históricas, sino también fortalecer la base productiva del país, reconociendo a quienes sostienen la seguridad alimentaria nacional como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo.



