El Gobierno nacional cumplió con su compromiso de garantizar la prestación continua y equitativa de los servicios públicos en el país. A través del Ministerio de Minas y Energía, se anunció el pago del 100% de las deudas acumuladas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas, beneficiando directamente a millones de familias de estratos 1, 2 y 3 en todo el territorio nacional.
Con este desembolso, se giraron $1,93 billones a 87 empresas del sector eléctrico que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Fondo Especial de Energía Social (FOES) y las Zonas No Interconectadas (ZNI). Además, 76 empresas del sector de gas combustible domiciliario recibieron $564 mil millones, incluyendo recursos dirigidos al Programa Sustitución de Leña, GLP en cilindros, gas en redes y compensación de transporte en Nariño.
“Realizamos el pago total de los subsidios de energía y gas para las familias más vulnerables. Garantizamos la continuidad del servicio y el acceso a este derecho fundamental para millones de colombianos”, afirmó Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía.
Entre las empresas beneficiadas están las tres filiales del Grupo EPM, que recibieron un pago conjunto de aproximadamente $1,1 billones, lo que permitió saldar no solo la deuda que se mantenía como reserva presupuestal del 2024 por $203.246 millones, sino también el pago de seis resoluciones expedidas durante 2025, por un valor de $888.054 millones.
En la región Caribe, este anuncio representa un alivio financiero importante, especialmente para las empresas que operan en zonas históricamente afectadas por deficiencias en la infraestructura energética. AIR-E S.A.S. E.S.P. recibió $233,1 mil millones, mientras que Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., conocida como AFINIA y filial del Grupo EPM, obtuvo $463,9 mil millones.
Esta acción del Gobierno nacional no solo representa una solución fiscal, sino una muestra de voluntad política para garantizar los derechos fundamentales de la población. El pago de los subsidios asegura la continuidad de los servicios públicos, especialmente en comunidades vulnerables, donde el acceso a energía y gas es clave para el desarrollo y la calidad de vida.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de trabajar de forma articulada con las empresas prestadoras de servicios públicos, promover el acceso universal a energía y gas, y proteger a los hogares más vulnerables ante posibles interrupciones. Asimismo, el cumplimiento de estos pagos fortalece la confianza del sector empresarial y estabiliza el sistema energético nacional.
El Estado no solo salda deudas, sino que da señales de responsabilidad, planificación y compromiso con los derechos fundamentales. La eficiencia y puntualidad en la ejecución de estos recursos envía un mensaje claro: la prestación de servicios esenciales es una prioridad inaplazable.
