La Defensoría del Pueblo reveló en un reciente informe una alarmante advertencia sobre el deterioro acelerado de la Amazonía, ocasionado por la combinación de fenómenos climáticos extremos y actividades humanas sin regulación efectiva. Este ecosistema estratégico, que representa el 40% de las selvas del planeta y el 67,4% del bosque tropical, enfrenta un punto crítico de inflexión.
Según los hallazgos del documento defensorial, la Amazonía ha perdido ya el 17% de su cobertura vegetal. De no adoptarse medidas inmediatas y estructurales, para el año 2040 podrían perderse 2,1 millones de hectáreas adicionales. La agricultura intensiva, ganadería extensiva, minería ilegal, cultivos ilícitos y expansión urbana descontrolada están acelerando la desaparición de los bosques y alterando el ciclo del agua.
“Estos impactos no son fortuitos, sino el resultado de omisiones institucionales y permisividad frente a prácticas extractivas ilegales”, expresó Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo. Durante una audiencia realizada en Leticia, señaló que la gobernanza ambiental fragmentada e insuficiente, la falta de planificación territorial y la desconexión entre saberes técnicos y comunitarios han intensificado la vulnerabilidad de la región.
Leticia y Puerto Nariño ya enfrentan una posible crisis hídrica irreversible debido a la sedimentación del río Amazonas, agravada por la deforestación y la falta de estrategias de prevención del riesgo. De continuar esta tendencia, la ciudad de Leticia podría quedarse sin su principal fuente de abastecimiento de agua y perder su conexión económica fluvial.
Además, se reporta que en 2024 el nivel del río Amazonas alcanzó su punto más bajo en 122 años, provocando aislamiento de comunidades, muerte masiva de peces y delfines rosados, y pérdida de cultivos agrícolas. Según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), en los próximos 15 años se proyecta un aumento de temperatura de 0,7 °C y una reducción del 14% en las lluvias en la región amazónica.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado contundente a las instituciones a actuar con urgencia, justicia climática y visión de largo plazo. “La Amazonía no puede esperar más. Las medidas no pueden seguir siendo reactivas”, afirmó la defensora Marín Ortiz.
Recomendaciones clave de la Defensoría del Pueblo
La entidad propuso una serie de acciones prioritarias que deben implementarse de manera inmediata y coordinada:
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana y las capacidades adaptativas de los ecosistemas amazónicos.
- Restaurar ecológicamente el territorio, mediante una articulación efectiva entre el Ministerio de Ambiente, Corpoamazonía, CDA, municipios, gobernaciones y comunidades.
- Adoptar un enfoque de justicia climática, garantizando derechos y participación a pueblos indígenas y comunidades locales.
- Abordar la sedimentación del río Amazonas, que amenaza a Leticia y a poblaciones ribereñas como Puerto Nariño.
- Impulsar mercados de carbono sostenibles y prácticas productivas amigables con los bosques.
- Intensificar acciones contra incendios forestales, minería ilegal y expansión de cultivos ilícitos.
- Reforzar la cooperación transfronteriza con Perú, Brasil y Ecuador, dada la naturaleza compartida de los impactos ambientales.
Finalmente, la Defensora del Pueblo hizo un llamado a la comunidad internacional. Propuso que la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) evalúe la emisión de un informe conjunto sobre las amenazas climáticas en la región amazónica. “Visibilizar esta situación ante el mundo es vital para reforzar la cooperación ambiental transfronteriza y el cumplimiento de compromisos multilaterales”, concluyó.El futuro de la Amazonía está en riesgo, pero aún puede ser rescatado con decisiones valientes, articuladas y con justicia social. Esta es una oportunidad histórica para que el Estado colombiano y sus países vecinos reafirmen su compromiso con el planeta y con las generaciones futuras.
