De manera unánime, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de Ley N.° 455 de 2024 Cámara – 281 de 2024 Senado, denominado reforma a la justicia penal, el cual introduce cambios estructurales en los procesos judiciales del país. La iniciativa busca garantizar una administración de justicia más rápida, efectiva y en favor de las víctimas.
El proyecto modifica las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 1121 de 2006, e incorpora medidas clave como la reparación integral, beneficios por allanamientos y preacuerdos, y un nuevo enfoque del principio de oportunidad. Uno de los puntos más relevantes es que se suspende el término de prescripción de la acción penal y se otorga un plazo de un año al procesado para que aporte pruebas.
La ponente del proyecto, la representante Ana Paola García Soto, del Partido de la U, expresó que con esta reforma la Cámara le cumple al país y al sistema judicial: “Estamos descongestionando el aparato judicial, entregando sentencias tempranas y reparando de manera oportuna a las víctimas”, señaló.
Esta reforma fue construida de manera conjunta entre la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y congresistas de distintas bancadas. Según Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, la iniciativa refleja un esfuerzo colectivo por lograr una justicia más eficaz, con equilibrio entre garantías para los procesados y justicia para las víctimas.
El texto aprobado ahora pasará a conciliación entre Senado y Cámara y luego a sanción presidencial. Su implementación permitiría reducir significativamente los tiempos de respuesta judicial. Actualmente, un proceso puede tardar más de diez años en resolverse, mientras que con la reforma los fallos podrían emitirse entre uno y doce meses, según el Ministerio de Justicia.
Entre las herramientas destacadas del nuevo proyecto están:
- Uso de pruebas anticipadas.
- Reducción de penas en casos de aceptación de cargos, incluso en flagrancia.
- Fortalecimiento del principio de oportunidad para evitar la prescripción.
Además, la reforma pretende frenar la acumulación de procesos sin resolución. Más de 43.000 casos han prescrito en los últimos años, lo cual evidencia la urgencia de una transformación del sistema judicial.
Durante la misma jornada legislativa, la Cámara también aprobó el proyecto que establece el día nacional en conmemoración de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Asimismo, avanzó en segundo debate la iniciativa que reconoce a las Fiestas del Mar de Santa Marta como patrimonio cultural inmaterial de la nación.Esta nueva reforma judicial representa un avance crucial en la búsqueda de justicia pronta y eficaz, que equilibre los derechos de las víctimas y los procesados, y dignifique el papel de las instituciones en el país. Su puesta en marcha dependerá ahora del proceso de conciliación y sanción presidencial, pasos decisivos para que las mejoras comiencen a implementarse y den los resultados esperados en el corto y mediano plazo.
