Desde el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó un llamado urgente al Estado colombiano para articular la política de seguridad ciudadana con la política de paz, frente al creciente control territorial que ejercen grupos armados vinculados al narcotráfico en diversas regiones del país.
Durante su intervención en el evento organizado por la Federación Colombiana de Municipios, Marín alertó sobre la expansión de estructuras ilegales, que aprovechan los procesos de negociación con el gobierno para avanzar sobre territorios estratégicos. La funcionaria insistió en que la fuerza pública debe mantenerse activa en las zonas afectadas por el conflicto armado, para evitar que las comunidades sigan sufriendo desplazamientos, confinamientos y violaciones a los derechos humanos.
“Es importante que los actores armados, estén o no en procesos de paz, respeten el derecho internacional humanitario”, afirmó Marín, quien subrayó que este respeto debe aplicarse tanto a la población civil como a las fuerzas legítimas del Estado. Agregó que durante las conversaciones de paz, los grupos armados tienen una obligación reforzada de demostrar su voluntad de reconciliación con hechos verificables.
La Defensora también aprovechó el espacio para advertir sobre una grave omisión de muchas alcaldías, al no haber presentado sus planes de alimentación para personas privadas de la libertad sindicadas, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. Esta situación pone en riesgo los derechos de cientos de internos que, según la sentencia, deben recibir alimentación por parte de las alcaldías, en tanto el Gobierno Nacional activa un apoyo subsidiario.
“La Corte le pidió al Ministerio de Justicia liderar un plan de contingencia para garantizar comida a los reclusos sindicados antes del primero de julio”, señaló Marín, enfatizando la necesidad de una acción coordinada entre los gobiernos locales y el Ejecutivo nacional.El Congreso de Municipios sirvió como escenario clave para visibilizar las tensiones que atraviesa la gobernabilidad local, especialmente en municipios que enfrentan múltiples desafíos por la presencia de grupos armados, el incumplimiento de planes sociales y la debilidad institucional. Marín concluyó su intervención reiterando el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la protección de los derechos fundamentales en todos los territorios.
