Sara Millerey González no murió sola. Su cuerpo fue hallado en Bello, Antioquia, pero su asesinato no fue un hecho aislado. Es el reflejo de un país que violenta, excluye y olvida a quienes se atreven a romper las normas de género. Su muerte fue brutal, lenta y deshumanizada. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir sin asistencia, mientras alguien, en lugar de ayudarla, grababa con un celular para viralizar el horror.
Esa indiferencia es también parte del crimen. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, con este caso ya son 24 personas LGBTIQ+ asesinadas en lo que va del año. La mayoría de estos crímenes, cometidos con sevicia, no tienen eco mediático ni respuesta institucional efectiva. La violencia hacia las personas trans en Colombia no empieza ni termina con el asesinato físico: es un proceso continuo de exclusión y desprecio.
“En Colombia, las personas trans mueren tres veces,” advierte el Observatorio. Primero, en vida, al ser rechazadas por sus familias, excluidas del sistema educativo y laboral, y negadas por las instituciones. Segundo, físicamente, a manos de una violencia que no solo mata, sino que tortura. Y tercero, a través del abandono estatal: cuando el sistema judicial no investiga, no protege ni sanciona a los responsables.
Este patrón no es nuevo, pero sí sistemático. Los cuerpos trans, especialmente los de mujeres racializadas, empobrecidas o trabajadoras sexuales, siguen siendo objetivos de violencia simbólica y física. El Estado colombiano, al no actuar con contundencia, permite que la impunidad perpetúe este ciclo de muerte y olvido.
Lo más desgarrador no es solo lo que hicieron los verdugos. Es lo que no hicimos los demás. El silencio social, la apatía, la invisibilización dentro y fuera del movimiento LGBTIQ+ también son formas de violencia. La falta de sensibilidad interseccional hace que muchas muertes no se vean con la misma urgencia ni provoquen la misma rabia. Cuando las víctimas no tienen capital simbólico, la respuesta suele ser tibia, o simplemente nula.
El caso de Sara exige mucho más que luto. Exige memoria, justicia y transformación colectiva. No basta con la indignación momentánea ni con compartir un hashtag. Necesitamos una política de vida, de duelo activo y justicia trans. Es tiempo de que las voces que claman por dignidad se traduzcan en acciones que reparen, prevengan y transformen.
La muerte de Sara Millerey González debe marcar un punto de inflexión. No podemos seguir aceptando que las vidas trans sean desechables. El Estado debe actuar con urgencia para garantizar justicia, protección e inclusión. Y la sociedad debe romper su indiferencia. La justicia para Sara es justicia para todas. La memoria es resistencia. La acción colectiva, una obligación.
