Durante el más reciente Consejo de Ministros transmitido desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro Urrego denunció que en Colombia se han perdido 62.664 armas de fuego oficiales, una situación que representa un riesgo grave para la seguridad nacional y que podría estar vinculada con el fortalecimiento de organizaciones criminales.
Según informó el mandatario, la cifra surge de una investigación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dirigida por Yenniffer Parra. En el reporte se identificaron 40.692 armas particulares con licencia oficial, sumadas a otras 20.000 armas entregadas a paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe en Antioquia, de las cuales no se tiene registro actual de su paradero ni de quiénes las poseen.
Petro expresó que “hay 62.664 armas de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene”, advirtiendo que esto pone en evidencia la existencia de “hombres armados sin que el Estado sepa dónde están”, lo que abre la posibilidad de que estos recursos estén siendo usados por el crimen organizado bajo licencias oficiales.
A esta situación se suma otro hallazgo preocupante: 197 empresas de vigilancia y seguridad privada tienen licencias vigentes, pero aparecen como inactivas en el sistema de Supervigilancia, escapando así del control estatal. “Pasaron 30 años sin control”, afirmó el presidente, al señalar que el sistema de información de la Superintendencia es “chimbo, disperso y vulnerable”, lo que ha permitido la proliferación de irregularidades durante décadas.
En su intervención, Petro denunció que durante la revisión se encontraron irregularidades tramitadas incluso por funcionarios del actual Gobierno, quienes fueron removidos de sus cargos e investigados por la Fiscalía. El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento que habían sido expedidas de manera irregular.
La revisión incluyó a 1.351 entidades, de las cuales 810 son empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Este estudio representa un esfuerzo por parte del Gobierno Nacional de recuperar el control institucional sobre un sector históricamente desregulado.
En ese sentido, Petro subrayó que “hoy estamos encontrando lo que sospechábamos”, resaltando que la Superintendencia, bajo su mandato, ha comenzado a ejercer una vigilancia efectiva y sistemática del sector de seguridad privada en el país. Esta denuncia pone en el centro del debate la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de información del Estado y ejercer un control más estricto sobre las empresas de seguridad privada. La falta de trazabilidad de decenas de miles de armas representa un vacío de autoridad estatal, cuyas consecuencias pueden estar vinculadas al aumento de la criminalidad y el debilitamiento del monopolio legítimo de la fuerza. El Gobierno anuncia que continuará con las investigaciones, reforzará los procesos de vigilancia y seguirá depurando el sector para evitar que recursos destinados a proteger a los ciudadanos terminen siendo usados contra ellos.
