El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que una investigación articulada entre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades estatales permitió la captura de tres representantes legales de empresas de seguridad, quienes habrían colaborado con estructuras criminales como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.
De acuerdo con un boletín oficial expedido por la Superintendencia, los detenidos son el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional, y Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de vigilancia Sara LTDA. Las capturas se realizaron en Bogotá y Barranquilla.
Las autoridades imputaron a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras encontrar pruebas que demuestran su participación en el uso fraudulento de empresas de vigilancia como fachada para actividades ilegales.
Durante los procedimientos judiciales, fueron incautados 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas, 31 armas traumáticas y de fogueo, además de 6 celulares y 3 memorias USB, elementos que evidencian la magnitud del entramado delictivo.
La Superintendencia detalló que estas empresas, al parecer, habrían otorgado permisos como escoltas a personas con requerimientos judiciales y antecedentes penales, facilitándoles armas mediante contratos fraudulentos. Entre los beneficiados con estas maniobras figuran Edgar Elicio Munévar, alias ‘El Caballista’, y Jesús Martín Bello, implicados en la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota.
Asimismo, se descubrió que la empresa de Castaño Galindo presuntamente suministró armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y a Oliverio Isaza Ramírez, alias ‘Terror’, recientemente abatido por la Policía en Puerto Triunfo (Antioquia).
“Con claras evidencias, logramos probar que estas empresas actuaban al servicio de organizaciones al margen de la ley”, afirmó el jefe de Estado, quien subrayó el compromiso de su Gobierno por recuperar el control del Estado sobre el sector de seguridad privada, por años permeado por la ilegalidad. Este operativo marca un precedente contundente en el saneamiento de un sector clave para la seguridad nacional. La infiltración del crimen organizado en empresas de vigilancia no solo facilitó el acceso ilegal a armamento, sino que también permitió la legalización de actividades ilícitas a gran escala. El Gobierno, a través de la Superintendencia y la Fiscalía, reafirma su compromiso de ejercer una vigilancia real y efectiva, con investigaciones que profundicen sobre las conexiones entre actores legales e ilegales y que impidan el uso de estructuras legales como escudo de impunidad.
