El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió la Resolución 0239 con el objetivo de fortalecer la protección del Páramo de Santurbán. Este ecosistema estratégico abastece de agua a más de dos millones de personas y alberga una biodiversidad única en el país. La medida surge como respuesta a la presión ambiental y la necesidad de preservar a largo plazo los recursos naturales y hídricos.
La resolución establece una nueva delimitación del páramo, basada en estudios técnicos y científicos recientes. Según el documento, la “zona de reserva de recursos naturales renovables” abarca 75.344 hectáreas en los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, dentro de las cuencas de los ríos Alto Lebrija y Cáchira Sur. Esta actualización permite definir con mayor precisión las áreas de conservación y reducir los conflictos ambientales.
La norma también prohíbe actividades mineras de mediana y gran escala dentro del páramo. Durante la vigencia de la zona de reserva, las autoridades ambientales no podrán otorgar nuevas concesiones ni permisos para exploración o explotación de minerales. No obstante, se permite la pequeña minería bajo estricta regulación ambiental y también se contemplan excepciones para la extracción de materiales para infraestructura vía pública.
Además de la regulación minera, la resolución restringe las actividades agropecuarias intensivas y fomenta modelos de producción sostenible. Se establecerán programas de reconversión productiva para minimizar el impacto en el ecosistema y se impulsará la educación ambiental en comunidades locales. La participación de estas comunidades será clave en la conservación del páramo, mediante la creación de mesas de trabajo y estrategias de protección conjunta.
Para revertir el daño ambiental existente, el Gobierno implementará un plan de restauración ecológica con reforestación de especies nativas y recuperación de humedales. Este plan contará con el apoyo de universidades, centros de investigación y organizaciones comunitarias.
Con esta resolución, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de los páramos como ecosistemas esenciales para la regulación hídrica y la biodiversidad. La estrategia también busca equilibrar la conservación con el bienestar de las comunidades locales, promoviendo el desarrollo sostenible a través de turismo ecológico y actividades productivas amigables con el medio ambiente.
