Sala Redacción (IA). – La Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) ha hecho un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas que garanticen condiciones dignas a las personas privadas de la libertad (ppl) en estaciones de policía y centros de reclusión del Atlántico, tras evidenciar graves niveles de hacinamiento y deficiencias en infraestructura, alimentación y acceso a servicios básicos.
En una labor de seguimiento y verificación, la Procuraduría visitó 9 estaciones de policía, 2 Centros Transitorios de Detención, 2 Centros de Rehabilitación y 2 Centros de Atención Inmediata (CAI) en Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad y Galapa, donde encontró situaciones alarmantes que vulneran los derechos humanos de los reclusos.
Hacinamiento crítico en estaciones de policía
El ente de control destacó particularmente los casos de las estaciones de policía de Soledad 2.000 (387 %) y San José, Barranquilla (380 %), donde el hacinamiento alcanza niveles críticos, poniendo en riesgo la salud y la dignidad de las personas detenidas.
Además del sobrecupo, la Procuraduría encontró falta de infraestructura adecuada, acceso limitado al agua potable, condiciones higiénicas deficientes, escasa atención médica y deficiencias en la alimentación, ya que la provisión de comida depende en gran parte de donaciones externas.
Acciones y requerimientos de la Procuraduría
Como parte de su actuación preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla ha solicitado a los alcaldes de Soledad y Galapa que entreguen un informe detallado sobre los planes de financiación para mejorar las condiciones de habitabilidad en sus estaciones de policía.
Así mismo, se les ha requerido que informen si, al 12 de febrero de 2025, cuentan con convenios vigentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para el traslado de personas condenadas, evitando que estas permanezcan en espacios destinados a la detención preventiva.
La Procuraduría recordó que los alcaldes son la primera autoridad de policía en sus municipios, por lo que tienen la responsabilidad de garantizar el orden público y el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, velando por los derechos fundamentales de todas las personas privadas de la libertad en sus territorios.
Exigencias y próximos pasos
El ente de control instó a todas las entidades involucradas a tomar acciones concretas e inmediatas para mejorar la infraestructura carcelaria y garantizar condiciones dignas para los internos. Además, se espera que el INPEC y las administraciones municipales trabajen en conjunto para descongestionar las estaciones de policía y asegurar el traslado oportuno de los reclusos a centros penitenciarios adecuados.
La Procuraduría en su labor de seguimiento y verificación, advirtiendo que la persistencia de estas condiciones podría derivar en responsabilidades disciplinarias y legales para las autoridades competentes.
