En un Consejo de Gestión de Riesgos liderado por la Gobernación de Bolívar, se declaró la calamidad pública en los municipios de Mahates y Arroyo Hondo, debido al colapso del puente que conecta el corregimiento de San Joaquín con las localidades de San Francisco y Monroy. Esta emergencia ha dejado incomunicadas a las comunidades, afectando gravemente la movilidad, el transporte de alimentos y el acceso a agua potable.
Medidas inmediatas
- Cierre total del puente: Se prohibió el paso de vehículos y peatones para evitar riesgos mayores, ya que la estructura se encuentra al borde del colapso.
- Sellado de vías de acceso: Las rutas serán obstruidas para garantizar la seguridad de la población.
- Desvío temporal: Se diseñará una vía alterna para restablecer la comunicación con las comunidades afectadas.
Acciones conjuntas
La solución temporal contará con el apoyo de varias entidades:
- Gobernación de Bolívar: Aportará maquinaria, como volquetas y una retroexcavadora, además de suministrar big bags y sacos de polipropileno.
- Alcaldías de Mahates y Arroyo Hondo: Gestionarán los materiales necesarios, incluidos dos tubos requeridos para la obra.
Esta intervención garantizará el acceso para la atención de emergencias, el transporte escolar y el abastecimiento de alimentos y agua potable.
Solución definitiva
El gobernador Yamil Arana destacó la necesidad de construir un nuevo puente:
“La solución definitiva es la construcción de un nuevo puente. Trabajaremos en conjunto con los municipios y Prosperidad Social para concretarlo. Estamos dispuestos a co-financiarlo y comenzaremos procesos esta misma semana”.
El gobernador también recordó que, durante el 2024, se realizaron mejoras con maquinaria en la zona, pero enfatizó que un proyecto más robusto es indispensable.
Impacto en la comunidad
El colapso del puente ha afectado a cientos de familias que dependen de esta infraestructura para su vida diaria. Los habitantes de San Joaquín, San Francisco y Monroy enfrentan dificultades para transportar alimentos, asistir a la escuela y acceder a recursos básicos.
Con esta declaratoria de calamidad pública, las autoridades buscan acelerar las acciones para resolver la emergencia, garantizando la seguridad y el bienestar de la población afectada.
