Sala Redacción. – La problemática de la doble calzada Cartagena-Barranquilla no termina por cuenta de la oposición de un grupo de ciudadanos organizados en “No Más Peajes”. Ahora, para colmo de males la Contraloría General de la República dio a conocer que la sociedad que ganó en licitación el proyecto será indemnizada con cargo a la Nación si el proyecto no arranca en febrero de 2.025.
Contraloría General indica que este contrato de concesión vial de Iniciativa Privada ha debido pasar a la etapa de construcción desde abril de 2023, pero sigue sin iniciar obras y presenta un alto riesgo de terminación anticipada. Recordemos que el contrato de concesión de Autopistas de Caribe (Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena), tiene un valor total de $6,75 billones.
No se han logrado cumplir los plazos establecidos, debido a dificultades con el funcionamiento de dos (2) de las siete (7) Estaciones de peaje previstas: Turbaco (existente) y Arroyo de Piedra (nueva). Lo anterior ha generado la activación de riesgos tarifarios con cargo a la Nación, debido a la oposición de las Comunidades de Turbaco y Luruaco a pagar las tarifas diferenciales de peaje propuestas por el concesionario y la ANI, ante lo cual el Gobierno Nacional intervino suspendiendo temporalmente el cobro de peaje en Turbaco para los vehículos de las Categorías 1 y 2, y posponiendo la construcción de la nueva caseta de peaje prevista en Arroyo de Piedra.
Estos riesgos sociales ya materializados han generado compensaciones al concesionario cercanas a $153.000 millones y preocupa mucho a la Contraloría General que, de no lograrse un buen acuerdo entre la ANI, el Concesionario y las Comunidades, en febrero de 2025 el contrato de concesión ya habría agotado sus recursos para el pago de compensaciones y, en consecuencia, podría entrar en causal de liquidación anticipada, obligando a un cuantioso pago adicional al concesionario de hasta $400.000 millones, también sin haberse construido las obras previstas.
El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra solicitó al Ministerio de Transporte y a la ANI que, conjuntamente con el concesionario y las comunidades, y en ejercicio de su plena autonomía decisoria, gestionen lo necesario y suficiente para encontrar una pronta y satisfactoria solución a esta problemática.
Pero el tema no termina allí porque recordemos que el Gobierno Nacional viene solicitando al Congreso de la República la reglamentación del impuesto a la valorización con el que a las comunidades beneficiadas con los proyectos de infraestructura pagarán dichas obras. Es decir, la obra va con Peaje que pagan los conductores de vehículos de más de cuatro (4) ruedas o por Valorización que pagan todos los propietarios de inmuebles de los estratos 4, 5, 6 y comerciales tenga o no carro.
Y recordemos que en Bolívar la ANI tiene dos (2) proyectos de infraestructura uno de importancia estratégica vial para el desarrollo económico portuario de Colombia el Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena ($6,75 billones) y el otro de importancia ambiental para el País y el de más grande inversión en Suramérica la Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique ($4,43 billones); ambos proyecto suman $11,18 billones de pesos.
