Sala Redacción. – Frente a las constantes evidencias y quejas sobre violencias basadas en género, entre ellas el acoso laboral, instauradas por los servidores públicos de múltiples entidades del Estado, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, emitió una nueva circular con las directrices para el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, para la prevención, atención y sanción de este flagelo.
La circular exhorta a las entidades públicas a cumplir a cabalidad con lo dispuesto por la Ley 1010 de 2006, para la prevención, corrección y sanción de las conductas de acoso laboral; refiriendo también la Ley 1257 de 2008, creada para la protección integral de las mujeres y una vida libre de violencias.
“Aunque tenemos la normativa, todavía existe desconocimiento por parte de algunos funcionarios sobre la aplicación de estas medidas que garantizan el derecho al trabajo en condiciones dignas y un ambiente laboral libre de violencias y hostigamientos” precisó Cabello Blanco.
El documento refiere también el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, el espacio en el que las empresas y entidades deben atender de manera confidencial, las conductas y casos que se presenten ya sea formulando un plan de mejora o en caso de que persista, remitir la queja al ente de control, tratándose del sector público.
Así mismo, frente a las denuncias de posibles dilataciones injustificadas en el trámite de una queja, la circular insta al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo de la Función Pública a revisar los términos de la ley, expresados en días, durante los cuales se deben surtir todas las etapas del procedimiento interno conciliatorio. Para los casos de acoso sexual, una conducta no conciliable, deberá informar al Ministerio Público para el inicio del proceso disciplinario y compulsar las copias ante la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, la Procuradora confirmó que se incluyen los mandatos para la protección de los derechos de las víctimas de acoso, precisando que continuará con la vigilancia y control para garantizar que las entidades del Estado cumplan los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que garantizan el derecho al trabajo en condiciones dignas y el goce de un ambiente laboral libre de violencias y hostigamientos.
