Autoridad de Cartagena adoptó preventiva medida de protección y citó a las partes involucradas
La Comisaría de Familia Permanente de Turno 1 de Cartagena emitió medidas de protección provisionales dentro del proceso radicado VCF No. 038-26, en una actuación que involucra a Manuela Echeverri Hoyos y a Raúl Santiago Botero Jaramillo, candidato a la Presidencia de la República.
De acuerdo con la información suministrada, el auto número 070 fue expedido por el comisario de familia permanente de turno 1, Amín Sanabria Aislant, con el propósito de adoptar medidas de protección inmediata orientadas a prevenir la reiteración de presuntos actos de violencia reportados dentro del proceso.
La decisión ordena la comparecencia de las partes ante la Comisaría de Familia para presentar sus respectivos descargos y someterse a valoración psicológica como parte del trámite administrativo correspondiente.
Asimismo, el documento señala que la Fiscalía General de la Nación deberá salvaguardar la vida e integridad de la presunta víctima mientras avanza el procedimiento establecido por las autoridades competentes.
El auto también ordena, el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza contra la vida y la integridad física.
La Comisaría adopta medidas patrimoniales y administrativas
La actuación administrativa también contempla medidas de protección patrimonial relacionadas con la sociedad conyugal.
Según la información entregada, la autoridad dispuso impedir la venta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal, así como evitar modificaciones de documentos societarios y la extracción o retiro de bienes del domicilio conyugal mientras se desarrolla el proceso.
El auto también ordena a la administración del edificio efectuar el cambio de guardas y llaves de acceso al apartamento involucrado en la diligencia y entregar dichos elementos exclusivamente a Manuela Echeverri Hoyos.
De igual manera, la Comisaría dispuso que la custodia de tres perros pertenecientes al núcleo familiar permanezca bajo responsabilidad de Echeverri Hoyos y ordenó citar a las partes para la correspondiente audiencia de trámite.
Según la información suministrada, los hechos relacionados con la ejecución de las medidas ocurrieron entre la madrugada y la mañana del 30 de mayo de 2026 en un inmueble ubicado en el sector de Bocagrande, en Cartagena.
La versión entregada señala que durante la diligencia de restablecimiento de derechos se presentaron situaciones que motivaron la intervención de funcionarios encargados de ejecutar las decisiones adoptadas por la Comisaría de Familia.
Las partes presentan versiones contrapuestas sobre los hechos
Tras conocerse la actuación administrativa, el equipo de prensa de Raúl Santiago Botero Jaramillo divulgó un comunicado en el que el candidato se refirió públicamente a la situación.
En el pronunciamiento entregado a los medios, Botero Jaramillo manifestó que no tiene problemas con su expareja y sostuvo que los señalamientos en su contra obedecen a intereses políticos.
El comunicado expresa textualmente: “Yo no tengo problemas con mi expareja porque es una excelente mujer, pero sé que se está dejando utilizar por candidatos a quienes les sirve este tipo de escándalo. Sin embargo, analizo lo que está pasando y tengo que entender que esto no es personal. Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio”.
Además, el candidato agregó que, según su posición, no existen pruebas que respalden las acusaciones formuladas en su contra.
Por otra parte, Alejandro Boek, abogado de Manuela Echeverri Hoyos, rechazó las afirmaciones contenidas en el comunicado y aseguró que la versión presentada por Botero Jaramillo no corresponde a lo ocurrido durante la diligencia.
El representante legal sostuvo que el candidato habría impedido el ingreso de Echeverri Hoyos al inmueble y cuestionó el contenido del pronunciamiento público divulgado por el equipo de campaña.
Las versiones entregadas por ambas partes forman parte de un proceso que continúa bajo conocimiento de las autoridades competentes.
La actuación administrativa adelantada por la Comisaría de Familia se encuentra en curso y contempla etapas adicionales, entre ellas la comparecencia de los involucrados, la práctica de valoraciones psicológicas y la realización de la audiencia correspondiente.
Mientras avanzan las actuaciones institucionales, el caso ha generado atención pública debido a la participación de un candidato presidencial y al alcance de las medidas adoptadas por la autoridad de familia.
La decisión emitida por la Comisaría de Familia de Cartagena constituye una medida preventiva dentro de un trámite administrativo que continuará su curso conforme a los procedimientos legales establecidos. Las autoridades serán las encargadas de valorar las pruebas, escuchar a las partes y adoptar las determinaciones que correspondan en el marco de la ley.
