Concepto crítico y constructivo de la Defensoría fortalece seguridad ciudadana y paz total en Colombia
La Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República su concepto sobre el Proyecto de Ley 02 de 2025, que busca establecer un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, así como nuevas reglas para consolidar la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana.
La entidad valoró de manera positiva la apertura del debate legislativo, pues representa la oportunidad de construir un marco jurídico sólido para la investigación, juzgamiento y tránsito a la legalidad de los integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
Entre los avances destacados se encuentran la responsabilidad penal de financiadores y colaboradores, la articulación de medidas judiciales y extrajudiciales de verdad como requisito para beneficios, la implementación de un enfoque de investigación macrocriminal y el fortalecimiento de la justicia ordinaria sin necesidad de nuevas instituciones.
No obstante, la Defensoría advierte que el proyecto requiere ajustes de fondo para garantizar plenamente los derechos de las víctimas y evitar riesgos de inconstitucionalidad.
Uno de los puntos críticos señalados es la participación efectiva de víctimas y pueblos étnicos, lo que implica audiencias regionales y consultas previas con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom. También resalta la falta de definiciones claras en materia de reparación integral, tanto colectiva como individual, especialmente frente a víctimas de la criminalidad organizada, quienes hoy carecen de un programa de reparación administrativa.
La Defensoría insiste en que la concesión de beneficios penales debe acompasarse con una política pública efectiva de reparación a víctimas, actualmente desfinanciada y sin certeza sobre los tiempos de cumplimiento.
Otro de los llamados de atención está relacionado con la reserva estatutaria, pues algunos contenidos deberían tramitarse como normas estatutarias por regular instrumentos de justicia transicional. Además, advierte la inconveniencia de otorgar beneficios a reincidentes en la violencia armada, pues esto generaría incentivos perversos para quienes incumplieron acuerdos pasados, equiparándolos con quienes sí cumplieron.
Asimismo, la entidad señala riesgos en la excarcelación sin cumplimiento de condiciones de verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición, lo cual podría derivar en la libertad de responsables de crímenes graves sin evaluar su peligrosidad o reincidencia.
Sobre la protesta social, la Defensoría enfatiza que se trata de un derecho fundamental y no de un asunto de crimen organizado. Por ello, recomienda que cualquier regulación sobre excesos en protestas se tramite en un cuerpo normativo distinto, autónomo y garantista.
Finalmente, la entidad plantea que el proyecto debe articularse con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y con la realidad del sistema penitenciario y carcelario, que presenta limitaciones en espacios de reclusión, resocialización y monitoreo. También advierte que la capacidad institucional de la Fiscalía, jueces, ICBF y la propia Defensoría requiere fortalecimiento y recursos adicionales, que el proyecto aún no contempla.
En conclusión, la Defensoría sostiene que la legitimidad del Proyecto de Ley 02 de 2025 dependerá tanto de su contenido como de la participación efectiva de las víctimas, quienes deben estar en el centro de la discusión. El equilibrio entre beneficios para responsables y derechos de las comunidades afectadas será decisivo para consolidar la paz total en Colombia.
Defensoría cuestiona Proyecto de Ley 02. La Defensoría del Pueblo presentó al Congreso su concepto sobre el Proyecto de Ley 02 de 2025, valorando sus avances pero advirtiendo riesgos de inconstitucionalidad. Señala la necesidad de fortalecer la participación de víctimas, reparación integral y garantías de no repetición, evitando beneficios a reincidentes. Su legitimidad dependerá del equilibrio entre justicia, paz y derechos de las comunidades.
