El Consejo Gremial de Bolívar manifestó su firme oposición al cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) implementado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el corredor vial Cartagena–Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. Para el gremio, este gravamen representa una carga tributaria injusta, arbitraria y carente de justificación técnica, al tiempo que afecta a miles de propietarios sin demostrar beneficios concretos a los predios involucrados.
“Este cobro desconoce los límites institucionales del Invías y vulnera principios constitucionales que rigen el sistema tributario en Colombia”, sostuvo Juan Camilo Oliveros Calderón, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.
Según la posición oficial, el gremio considera que la CNV impone una carga retroactiva, lo cual contradice la equidad, progresividad y legalidad exigidas por la Constitución en materia tributaria. A esta postura se han sumado múltiples voces del sector empresarial y ciudadano que exigen una revisión urgente del procedimiento.
Frente a este escenario, el Consejo Gremial de Bolívar, junto con el Comité Intergremial del Atlántico, ha emprendido una estrategia jurídica sólida, que incluye una acción de nulidad contra las resoluciones que sustentan el cobro y la solicitud de medidas cautelares ante el Consejo de Estado. Estas acciones buscan frenar la aplicación de la medida mientras avanzan los procesos legales en curso.
Paralelamente, el gremio respalda las iniciativas que han surgido desde el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación, las cuales también buscan suspender este cobro hasta que se determinen las responsabilidades y la legalidad del mismo.
Los gremios instan al Gobierno Nacional a actuar con responsabilidad. En palabras de Oliveros Calderón: “Hacemos un llamado para que se suspenda este proceso, se convoque una mesa de diálogo y se escuchen las alternativas propuestas desde los gremios y la sociedad civil con seriedad y responsabilidad”.
El Consejo Gremial de Bolívar subraya que esta no es una simple disputa legal, sino una defensa del principio de justicia tributaria, que afecta directamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el desarrollo regional. En su opinión, imponer un cobro sin sustento técnico ni social debilita la legitimidad del Estado y erosiona la voluntad de pago de los contribuyentes. Finalmente, el gremio reiteró que su lucha se mantendrá en el marco de la legalidad, buscando proteger los derechos de los propietarios afectados y promover un diálogo técnico, legal y participativo con el Gobierno Nacional.
